Con amparo, Odebrecht libra sanción administrativa

 

El Poder Judicial de la Federación notificó a la Secretaría de la Función Pública que por ahora no podrá emitir las sanciones administrativas contra la empresa brasileña Odebrecht


El Poder Judicial de la Federación notificó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que por ahora no podrá emitir las sanciones administrativas que tenía listas contra la empresa brasileña Odebrecht y sus filiales en México, porque ésta ganó un amparo definitivo para tal propósito.

La dependencia federal tenía listas tres resoluciones sancionatorias en materia administrativa contra este consorcio sudamericano, mediante las cuales quedaría inhabilitada hasta por siete años, por firmar contratos con dependencias del Gobierno Federal, en ésta y en la pasada administración.

El pasado martes, la Secretaría de la Función Pública fue notificada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del amparo definitivo que concedió a Odebrecht y sus asociados en México, así como a los representantes legales de la empresa.

El amparo impide que la SFP emita las sanciones administrativas contra la empresa brasileña, independientemente de la vía penal que dejó lista el exprocurador general de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade.

La resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dejó en firme la resolución del amparo promovido por Odebrecht 1333/2017, que previamente había otorgado el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa.

El amparo en cuestión se promovió por la determinación de la Función Pública de rechazar los alegatos y recursos que fueron presentados de manera extemporánea por Odebrecht, como parte de su defensa para evitar una sanción.

Autoridades de la Función Pública lamentaron esta resolución del Poder Judicial de la Federación, que sienta un mal precedente al impedir que México se convirtiera en el primer país en sancionar directamente a la empresa.

La SFP abrió ocho procedimientos, cuatro con Odebrecht, dos contra sus representantes legales y dos más contra servidores públicos, de los cuales cinco están abiertos y tres ya concluyeron con la resolución correspondiente.

Además se informó que se tienen detectados daños al erario público por pagos en exceso o sobreprecios, en la ejecución de los contratos por al menos 119 millones de pesos.

A la SFP le llevó nueve meses integrar las investigaciones y concluir estos procedimientos sancionatorios, pero llama la atención que uno de los magistrados del Cuarto Tribunal que concedió el amparo definitivo, está de licencia médica hasta el 24 de octubre y cuando se emitió el fallo sólo estaban el secretario de Acuerdos y el proyectista.

La resolución judicial sólo retrasará la sanción a la empresa, aunque el caso podría ser desahogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).