Detecta ASF inconsistencias en el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

La Auditoria Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2020, encontró una serie de inconsistencias en el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con los resultados de las auditorias no se acreditó la puntual supervisión de la prestación de servicios a los beneficiarios del mecanismo ni que se contaba con la evidencia que acreditó la prestación del servicio y su supervisión.

Tampoco se acreditó que la Junta de Gobierno, que ejerce los recursos del Fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, durante 2020 haya aprobado el Plan Anual de Trabajo elaborado por la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN).

No se vigiló que el prestador de servicios contratado para atender los servicios para el Mecanismo de Protección contara con los recursos humanos, técnicos y otros necesarios para prestar el servicio, ya que en el contrato con la SEGOB manifestó tener personal subcontratado con una empresa, pero los servicios de escoltas se subcontrató con otra empresa.

La ASF indicó que en 136 casos, el reporte de activación de alarmas en los meses de enero a diciembre de 2020 no presentó evidencia de su funcionamiento ni de su uso por parte de los usuarios.

Tampoco se elaboraron las bitácoras de las llamadas telefónicas realizadas a los beneficiarios por el personal encargado de dar seguimiento, y no se acreditó que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos contara con los reportes de servicios quincenales emitidos por el prestador de servicios ni con la memoria fotográfica de los botones de asistencia, así como con las órdenes y reportes de servicio emitidas.

En el rubro de escoltas, precisó que los reportes no contaron con la firma autógrafa de validez del servicio ni con los nombres de los escoltas y tampoco se proporcionó la memoria fotográfica y el perfil de los que prestaron el servicio.

Asimismo, se encontraron inconsistencias en el servicio de gasolina y se realizó un cobro indebido por 10.3 miles de pesos por la aplicación del Impuesto al Valor Agregado en alimentación.

Las aportaciones presupuestales realizadas durante el ejercicio de 2020 al fideicomiso “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” revisadas por la ASF fueron por un monto de 227 mil 615.0 millones de pesos, así como las erogaciones efectuadas con los recursos patrimoniales de dicho fondo por 374,385.2 miles de pesos.

Sobre la prestación del servicio otorgado por el Servicio de Protección Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la ASF indicó que no se acreditó el servicio por el que se pagó un total de 403.1 mil pesos, ya que de 5 facturas no se proporcionaron los controles de asistencia del personal que otorgó el servicio.

Detalló que, en relación con las respuestas obtenidas de una selección de beneficiarios sobre las medidas del Mecanismo de Protección, existen deficiencias en el servicio de capacitación para el uso de las medidas implementadas, y en ocasiones no son proporcionadas por el prestador del servicio dentro de los 30 días naturales posteriores a la aprobación en la Junta de Gobierno; así también, la atención a las fallas reportadas por dichos beneficiarios no es oportuna.

Por otra parte, respecto de la extinción del Fideicomiso, al 14 de julio del año pasado no se había dado cumplimiento al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, respecto de concentrar en la Tesorería de la Federación, al 31 de diciembre de 2020, los recursos disponibles, ni se realizaron los trámites para la extinción del mismo.