“Fin a salarios de servidores públicos para enriquecerse”: Alejandro Armenta

Con 90 votos a favor y 28 en contra, el Senado de la República aprobó en sesión ordinaria a distancia, terminar con los privilegios económicos de los servidores públicos, al aprobar la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos: sin embargo, PRI, PRD y MC advirtieron que es inconstitucional la reforma.

El dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos Segunda, abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018 y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Con ello, ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República.

Alejandro Armenta Mier, de Morena, destacó que con la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se responde a un clamor popular ignorado durante décadas, porque los servidores públicos se ponían el sueldo que querían y agregaban una serie de prestaciones en cada dependencia.

“Nosotros hemos manifestado nuestra convicción de que el servicio público no es una fuente de enriquecimiento, sino una noble labor que debe buscar como fin principal el bienestar de las y los mexicanos. Nunca más abusos de un servidor público de su salario para enriquecerse”, expresó Alejandro Armenta.

Agregó que se aplicará el principio de proporcionalidad; es decir, que a mayor responsabilidad corresponde una mayor remuneración, pero no de forma discrecional, sino con base en los tabuladores presupuestales y en los manuales de percepción que se deberán ajustar a los límites y reglas constitucionales.

Nuvia Mayorga y Claudia Ruiz Massieu, del PRI, así como el emecista Dante Delgado, coincidieron en la necesidad de abrogar Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos de 2018, pues fue un instrumento al que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en dos de sus artículos y que se suspendió por omisiones legislativas y por vulnerar los derechos fundamentales de los servidores públicos.

Es este un segundo intento, dijo Nuvia Mayorga, que tal parece no será aprovechado a plenitud. Es claro que el dictamen a discusión no contiene de manera clara y determinante la metodología para la determinación objetiva y regular las remuneraciones del titular del Ejecutivo, tal como lo ordenó la SCJN.

“Que quede claro, el problema que se observa con este proyecto, que no tiene nada que ver con el sueldo del Presidente de la República, tiene que ver con la importancia del establecimiento de bases claras y criterios técnicos definidos fundados en los artículos constitucionales que le dan origen”, subrayó Nuvia Mayorga.

Dante Delgado resaltó que esta ley “sigue siendo inconstitucional y sigue siendo un atropello a los principios de separación y equilibrio de poderes”.

Bertha Alicia Carabeo, de Morena, defendió la minuta al señalar que en la época del neoliberalismo se hacía uso de la hacienda pública “como si fuera su cajero de banco particular”.

“De manera descarada utilizaban las prerrogativas públicas y su sueldos para darse vida de Reyes, cuando en realidad no son más que servidores de los altos intereses de nuestra nación”, indicó la senadora, en tanto que su compañero de bancada, Daniel Gutiérrez Castorena, resaltó que “nunca más servidores públicos con los salarios exorbitantes fuera de la justicia retributiva. Nunca más nuevos ricos a costa del erario”.