ONC advierte inercia en el gasto público en seguridad sin una estrategia coherente

El gasto público en seguridad previsto y asignado en la actual administración federal, “mantiene la misma inercia que la de sus antecesores”, así lo afirmó el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).

Al presentar el estudio del “Gasto Público en seguridad 2019-2021”, el ONC reveló que se continúa privilegiando un enfoque “reactivo” y no uno “preventivo”, pese a que en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) se enfatiza como eje conductor la prevención del delito.

El documento señala que el gasto público en este eje disminuyó 0.20% del PIB en 2019 a 0.18% en 2021.

Mientras que el objetivo del combate al crimen concentra la mayor cantidad de recursos, el cual aumentó de 0.55% del PIB en 2019 a 0.56% en 2021.

Francisco Rivas, Director General del ONC, aseguró que esto demuestra la “Falta de Coherencia”, respecto al cambio de paradigma de seguridad prometido y revela que tanto el gasto público como la ENSP no trascienden el discurso político del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Según el informe, otro de los hallazgos del estudio es que en los últimos ejercicios fiscales se ha registrado un menor control del gasto público en materia de seguridad. Prueba de ello, es que en 2019 el gasto ejercido superó en 36 mil 531 millones de pesos al aprobado.

Ello se debe a que se ejercieron 35 mil 511 millones de pesos más en el ramo 7, que corresponde a Defensa Nacional y mil 427 millones adicionales en el ramo 13 de Marina.

“Este menor control del gasto público contrasta con el recorte presupuestal del Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG)”, señaló.

Para Francisco Rivas, dicha decisión presupuestal pone en riesgo la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en municipios que concentran 75% de los delitos de alto impacto.

Además, consideró que los legisladores fueron irresponsables al aprobar el recorte presupuestal el año pasado y advirtió que debido a ello el gasto público se ha convertido en un instrumento para fortalecer la centralización de recursos en la federación y la militarización de la seguridad pública.

El estudio Gasto público en seguridad 2019-2021 analiza cómo ha sido la transición de la Fiscalía General de la República (FGR) en términos presupuestales.

Y el cambio se resume en un incremento de 6% entre 2019 y 2020 y entre 2020 y 2021 el presupuesto aprobado para la FGR prácticamente será el mismo que en 2020.

El documento advierte la preocupación que existe al interior de la institución sobre la disminución de 11.8% en los recursos destinados a investigar delitos relacionados con la delincuencia organizada, mientras que las carpetas de investigación por estos delitos apenas se redujeron 5% entre 2019 y 2020 en un contexto de crisis sanitaria.

Por su parte, los recursos destinados a la operación de la Guardia Nacional (GN) aumentaron de 3 Mil 974 a 35 Mil 672 Millones de pesos de 2020 a 2021.

Sin embargo, esta alza se debe a la reasignación o redistribución entre distintos ramos presupuestales, como es el caso de los recursos asignados a la Policía Federal en años pasados.

Francisco Rivas señaló que a la fecha, no se ha publicado la evaluación de diseño del programa presupuestal de la Guardia Nacional (GN), lo que impide saber los resultados de la institución.

En consecuencia, sentenció, esto puede generar falsas expectativas sobre su efectividad y gestión interna.

El estudio también enfatiza que aún cuando es necesario aumentar el nivel de gasto para que esté en línea con el referente internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es necesario que la estrategia de seguridad sea coherente, de lo contrario se corre el riesgo de malgastar los recursos.

Por lo qué el Observatorio Nacional Ciudadano, recomendó mejorar los mecanismos de instrumentación, planeación y evaluación de “Programas Prioritarios” en materia de seguridad pública para sustentar la toma de decisiones de las autoridades.

Cabe destacar que para el estudio del “Gasto Público en seguridad 2019-2021” el Observatorio, contó con la colaboración del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).