Profeco, sobre mercado de combustibles

 

Profeco y la CRE firman convenio de colaboración para fortalecer las verificaciones en el sector


La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) firmaron un convenio de colaboración para establecer intercambios de información sobre el mercado de combustibles que permitirá robustecer las verificaciones y, con ello, prevenir abusos.

Los titulares de la Profeco, Ernesto Nemer Alvarez, y la CRE, Guillermo García Alcocer, advirtieron que pueden imponer sanciones de hasta 24 millones de pesos a las empresas que no reporten precios o que vendan los combustibles por el costo máximo establecido.

Asimismo, se establecen acciones coordinadas para el cumplimiento de las leyes, normas y demás disposiciones en la venta al público de petrolíferos y gas LP, y donde la Profeco dará aviso al órgano regulador de energía cuando observe el incumplimiento de los precios máximos, cuando éstos no sean iguales a los reportados ante esa instancia por los permisionarios y podrá imponer sanciones a las gasolinerías cuando no despachen litros completos.

A través de un comunicado, la Profeco precisó que también, cuando las estaciones vendan gasolinas y diésel a un precio mayor al máximo, distinto al reportado a la autoridad o no respeten los términos y condiciones establecidos en los permisos que otorga la CRE, entre ellos, los de tener los precios visibles, dicha instancia podrá sancionar con multas de hasta 24 millones de pesos de acuerdo con la Ley de Ingresos 2017 y la Ley de Hidrocarburos.

Asimismo, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco podrá aplicar multas de hasta 4.1 millones de pesos, que se pueden duplicar en caso de reincidencia.

En caso de que se nieguen a ser verificados, la Profeco puede presentar denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), en términos del artículo 253 Fracción III del Código Penal Federal, el cual contempla una sanción de hasta 10 años de prisión por presuntos delitos contra la economía pública y multas de hasta 8.2 millones de pesos.