Última llamada contra la inseguridad: IP

Por Rosalba Amezcua

La iniciativa privada nacional alzó la voz ante los niveles de inseguridad en el país, y dijo que es la “última llamada“ a la administración federal para tomar acciones al respecto, ya que la situación ha dejado pérdidas económicas e inhibe el crecimiento.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó que la violencia llegó a niveles nunca antes vistos, con lo que deja un severo daño económico, un impacto negativo en la captación de inversión, por lo que se deberá generar empleo y desarrollar un círculo virtuoso de pacificación mediante la generación de riqueza.

Advirtió que esta es la última llamada para el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que el crimen no opera conforme a los ciclos políticos y, por ello, nuestras autoridades no deben hacerlo tampoco; la elección no es una excusa para dejar la gobernabilidad como una segunda prioridad en la agenda.

“Exigimos, que tal como lo comprometió el Jefe del Ejecutivo, que este gobierno tenga un cierre de atleta al fin del sexenio. Ya llegó el tiempo de acelerar la marcha, en la carrera de la seguridad, si pierde el gobierno, perdemos todos. El tiempo se acaba para esta administración, y la paciencia a los ciudadanos. No podemos seguir esperando. Es la última llamada”, reiteró.

Y es que, indicó, sólo en abril pasado hubo un promedio de 90 asesinatos diarios, 25 por ciento más que en 2017; mientras que durante marzo del 2018, el robo de combustible creció 34 por ciento , lo cual constituye el mayor nivel desde que se tiene registro de este delito.

Indicó que la violencia es impulsada por la impunidad que hay en México y, por lo que es imprescindible que el gobierno actúe para superar el panorama desolador que atraviesa el país.

Exigió al gobierno actual una reforma en materia de seguridad pública lo antes posible.

Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que son inaceptables los niveles de inseguridad e impunidad en México, y advirtió que no puede haber una economía próspera, si no se respeta la ley ni se protegen la seguridad de los ciudadanos y sus derechos.

Indicó que los altos niveles de violencia se convierten en los mayores obstáculos para la actividad productiva. Hace dos meses, Coca Cola-Femsa anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero porque el asedio del crimen organizado resulta insoportable. La semana pasada, la empresa Lala se vio obligada a cerrar en Ciudad Mante, Tamaulipas, por razones similares, lo mismo que la mina Dolores, en Chihuahua, donde trabajan más de mil 800 empleados.

“La impunidad con la que actúan los criminales y la omisión de las autoridades para proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas son inaceptables”.

Pero la impasibilidad del gobierno se extiende también a otros grupos organizados que violan la ley y atentan contra el patrimonio de la sociedad sin ninguna consecuencia: normalistas y maestros en Chiapas, Michoacán o Oaxaca obstruyen vías estratégicas de comunicación o saquean a repartidores de diversas empresas sin que nadie haga nada”.

Detalló que el robo en autotransporte se duplicó en el primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo de 2017.

“Es inconcebible que fallemos al proteger la vida de los ciudadanos frente a la delincuencia. No debemos permitir que se despoje a los trabajadores de lo que ganan con tanto esfuerzo; ni podemos aceptar que se obstruya y afecte a las empresas que generan empleos”.

La canadiense Pan American Silver redujo operaciones en la mina de Chihuahua por la creciente violencia y, tras incidentes de seguridad en las carreteras que usa para transportar personal y materiales.