Urge Pacto Nacional con la IP para garantizar el salario: senador Israel Zamora Guzmán

El integrante del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento al COVID-19, Israel Zamora Guzmán, planteó medidas fiscales en apoyo a los trabajadores de atención médica y de coordinación con los estados, para reforzar las acciones de salud y económicas ante la pandemia por COVID-19.

Consideró que se requiere de un Pacto Nacional con la Iniciativa Privada para garantizar el pago del salario correspondiente al trabajador, ubicado en los supuestos del apartado A, del artículo 123 constitucional, cuando sea diagnosticado como portador del virus.

En un oficio enviado al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, el senador del Verde Ecologista planteó 30 propuestas para enfrentar la pandemia. Destaca la implementación de una política emergente, en coordinación con los gobiernos estatales para garantizar el salario de los trabajadores durante la crisis sanitaria.

Planteó que por medio de la figura de “compensación” del Impuesto Sobre la Renta y el de nómina, así como el costo social del Seguro Social, el gobierno y los patrones unan esfuerzos para mantener el salario de los trabajadores al 100 por ciento, para lo cual servirían de base, los pagos que percibió el trabajador durante los últimos tres meses.

Bajo este esquema, el patrón en lugar de enterar los impuestos y el costo social a la hacienda pública, lo regresaría directamente a sus trabajadores, y el monto restante para integrar 100 por ciento del salario del trabajador sería cubierto por el patrón.

Además, propuso garantizar el salario a todos los trabajadores al servicio del Estado, o establecer una política para otorgar incapacidad con goce de salario de acuerdo con la ley. Si el trabajador tiene un familiar de primer grado diagnosticado con COVID-19 se le aplicará dicha medida.

En materia económica, el senador sugirió establecer una coordinación con las diversas entidades y dependencias destinadas al impulso de la micro y pequeñas empresas para agilizar la aplicación de programas.

Dichas propuestas incluyen un esquema de adjudicación de contratos públicos a pequeños negocios, para incrementar sus oportunidades de participar en relaciones contractuales con el Estado, así como otorgar microcréditos, cuyo plazo de autorización no exceda los 15 días.