Diputados priistas manifestaron que la propuesta de incluir a jóvenes a partir de los 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es “terrorismo fiscal”, por lo que advirtieron que no apoyaran el dictamen de la Miscelánea Fiscal si no se modifica.
Humberto Moreira, coordinador de la bancada tricolor, calificó como un “atentado” ir contra los jóvenes al permitir que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los persiga, principalmente a estudiantes y jóvenes que reciben apoyos familiares.
“De no modificarse eso (incluir jóvenes al RFC) difícilmente vamos a ir a favor. Es un atentado contra todos los jóvenes de este país, no solamente los jóvenes de 18 años, los que cumplan 18 años. Es generarles una carga cuando ellos no tienen ingresos. Es para uno de nosotros la sensación de que, es una intención de control de lo que haga todo el mundo”, dijo al encabezar una conferencia de prensa acompañado por un grupo de legisladores de su bancada
El diputado Hiram Hernández Zetina manifestó que con la inclusión de jóvenes al RFC se les podría imponer multas entre 3 mil 800 y 11 mil 600 pesos, ya que queda abierta la probabilidad de que el SAT pueda rastrear sus actividades y exigirles que cumplan con sus obligaciones fiscales.
Mientras el diputado Ildefonso Guajardo amplío la problemática, al señalar que las parejas jóvenes también pueden ser afectadas, principalmente las mujeres que no estén inscritas en el RFC.
“No solo tendría un impacto en cuanto estudiantes que reciben transferencias dentro de la contribución de los padres, sino también generaría temas en el caso de parejas donde hay transferencias entre jóvenes en donde no necesariamente la esposa forma parte del padrón de contribuyentes fiscales”, precisó el ex secretario de Economía.
La semana pasada la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ante diputados de la Comisión de Hacienda, defendió que la propuesta y explicó que tiene como fin generar una cultura cívica de cumplimiento de obligaciones fiscales, y evitar que los jóvenes sean utilizados como prestanombres por parte de evasores fiscales, y empresas factureras que entre otros ilícitos suplantan y roban identidades, para mover millones sin reportar al fisco.
