Estadio de León, propiedad privada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la sentencia a favor del empresario Roberto Zermeño sobre la propiedad del Estadio Nou Camp, donde actualmente juegan los Panzas Verdes del León.

Al concluir la sesión de la Primera Sala de la SCJN, donde el veredicto fue a su favor, el empresario aseguró que el club de futbol tiene garantizado seguir jugando en el inmueble, sólo que ahora entran en una etapa de negociación para verificar en qué términos se acatan los lineamientos legales de la sentencia de la SCJN.

“Ahí no hay problema, yo le voy al León, yo he salvado al León en dos ocasiones de que desaparezca, mi afición no cambia y esto tendrá que analizarse conforme a las opiniones de los abogados, mi disposición siempre será al apoyo, y que se mantenga ahí…”

“Esto apenas va empezando no hay acuerdos de nada, esta es una nueva etapa en la existencia de la propiedad, no tiene nada que ver con la franquicia del equipo ni nada, está es una propiedad, y el León tiene la prioridad de jugar en el estadio, pero hay que resolverlo, y que lo resuelvan las instancias jurídicas”, agregó.

Zermeño detalló que ahora vienen los actos de los abogados en Guanajuato. que tiene que hacer sobre todo al Banco del Bajío, quien fue quien se quedó con el fideicomiso.

“Esta es la primera resolución, y la última jurídicamente hablando, y de aquí vienen ya, yo les llamaría negociaciones y que se arreglen las cuestiones en los mejores términos para todas las partes”, explicó el empresario.

Un Tribunal Colegiado del Circuito en Guanajuato desechó por el gobierno municipal de León contra la queja de los empresarios Roberto Zermeño Jr. y Héctor González, relativo a la propiedad del estadio de futbol León.

Por ello, los empresarios ahora son los dueños legítimos del inmueble, con un valor catastral superior a los 585 millones de pesos, como lo ratificó la SCJN.

En el 2014, Roberto Zermeño y su socio ganaron en una primera instancia el juicio contra el gobierno leonés, luego de tres años de litigio; sin embargo, las autoridades municipales apelaron a diversas instancias, por lo que el proceso se prolongó por siete años y medio.