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Martes 14 de Julio 2020
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Arroja resultados positivos el programa Cero Tolerancia a la Corrupción en Hidalgo

Hgo 3

Hgo 3

24 de Mayo 2020

Dicho logro se sustenta en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, la reforma a las leyes secundarias y la mejora regulatoria

Como resultado de las acciones de prevención de actos de corrupción en trámites gubernamentales y acciones de los servidores públicos, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2019 del Instituto Nacional de Geografía (INEGI), colocó al estado de Hidalgo en el sexto lugar nacional en la reducción de los actos de corrupción, avanzando 21 lugares desde el inicio de la administración del gobernador Omar Fayad.

En el reporte se manifiesta que el estado escaló 16 lugares en lo referente a la tasa de trámites, donde la población tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción, pasando de la posición número 22 en 2015, al lugar número seis en 2019. Este resultado deriva de la cero tolerancia a la corrupción que el mandatario estatal ha manifestado desde el inicio de su administración.

Dicho logro se sustenta en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, la reforma a las leyes secundarias y la mejora regulatoria, que contempla trámites y servicios simplificados, además procura que la sociedad obtenga mayores beneficios con los menores costos posibles.

En esta misma encuesta, Hidalgo se coloca en séptimo lugar en lo referente a la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción, avanzando 20 lugares con respecto a 2015.

La participación ciudadana es uno más de los mecanismos que fomentan la reducción del indicador de la corrupción, ejemplo de ello es el Premio Nacional de Contraloría Social que otorga la Secretaría de la Función Pública y el cual obtuvo el estado de manera consecutiva en 2018 y 2019.

A estas acciones se suma la implementación del control interno en las diferentes dependencias y entidades del gobierno estatal para la identificación de riesgos y mitigar la materialización de los mismos, así como la ejecución de procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que cometan actos de corrupción.