Atoran indemnizaciones por Tlahuelilpan

A 3 años de la tragedia, por la guerra contra el huachicoleo, más de 300 víctimas de Tlahuelilpan continúan en el desamparo por la lentitud del poder judicial y Mapfre
Guillermo Espinosa Publicado el
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Eran las 14:30 horas del viernes 18 de enero de 2019, cuando se reportó una fuga de combustible provocada, al parecer, por una toma clandestina, utilizada por bandas dedicadas al “huachicoleo”, ubicada en el kilómetro 226 del ducto “Tuxpan-Tula”, en la comunidad de “San Primitivo”, en tierras del municipio hidalguense de Tlahuelilpan.


De inmediato, se corrió la voz entre los pobladores, quienes se trasladaron al lugar llevando todo tipo de contenedores que les permitiera llevar combustible.


Según los reportes, hasta pasadas las 18:20 horas (casi cuatro horas después) fue cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió suspender el bombeo del ducto; sin embargo, cuando la noche caía en el lugar, minutos antes de las (19:00 horas) se registró una explosión que generó un incendio en el que perdieron la vida 137 personas y cientos de lesionados.  


 Tres años después de la tragedia de Tlahuelilpan, más de 300 víctimas continúan en el desamparo, de los tres órdenes de Gobierno y peor aún del Poder Judicial de la Federación (PJF), señala Jesús Alberto Guerrero Rojas, abogado del caso, representante de la “Organización Nacional de Responsabilidad del Estado A.C.” (ONRE).


 “Nosotros llevamos dos años y medio en este tema, y aunque la ley exige que estos procedimientos deben ser ágiles, sencillos, inmediatos, para beneficiar a la colectividad, pues la realidad es que al Poder Judicial Federal no le interesa tramitar este tipo de juicios; no puedo explicar esta parsimonia de los Juzgados Federales o los colegiados, sin que exista una postura general del Poder Judicial Federal, para defender al Estado en estos temas”.


El abogado señala que hay un involucramiento clarísimo en el Poder Judicial, por parte del Ejecutivo Federal.


 “Hay un encuentro, hay un maridaje claro entre el Presidente de la Corte Arturo Zaldívar y el Presidente López Obrador. Ese involucramiento en la autonomía judicial nosotros lo detectamos clarísimo en este asunto, porque no puede ser que después de dos años y medio apenas estemos desahogando pruebas”.


 Según Guerrero Rojas, el juez Horacio Nicolás Ruiz Palma, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es la instancia que lleva el caso y donde se ha vislumbrado que por complicidad o complacencia con la empresa española “Seguros Mapfre” y al Gobierno Federal se aletargó el proceso colectivo para sus representados, al no accionar una póliza contratada por 500 millones de dólares para estos casos, (el número de la póliza es 3921700003733).  


 “Nosotros tenemos una demanda en contra de Mapfre que es la empresa seguradora contratada por Pemex, tiene una póliza por 500 millones de dólares. Emplazamos a Mapfre y contesta, no dice en absoluto que el contrato no es procedente, sino que expone piedritas procesales, para alargar este caso”.


“Nosotros estamos seguros que este asunto se va a ganar, el Juez ya ordenó a Mapfre, reservar 500 millones de dólares como garantía, es decir ya Mapfre tiene en su cartera congelados 500 millones de dólares, el asunto nos ha costado mucho trabajo, hemos picado mucha piedra, el asunto va bien”.

Atoran indemnizaciones por Tlahuelilpan


 Jesús Alberto Guerrero prevé que la sentencia la dictará el juez del caso y si Petróleos Mexicanos (Pemex) es responsable, la aseguradora Mapfre tendrá que pagar las indemnizaciones correspondientes.


 “Mapfre es claro que tiene una relación con Pemex, y esa relación llega hasta el Presidente de la República, tu no digas nada y esperemos que se desgasten en los tribunales, a ver si se cansan”, esa es parte de la estrategia, comenta el defensor.


 Guerrero Rojas explica que a los familiares de las víctimas no se les ofrece 5, 10 mil o 20 mil pesos, hasta 500 mil; cuando una indemnización debe rondar por ese tipo de eventos más o menos entre 8 y 12 millones de pesos, “eso lo marca la ley, no lo digo yo”, argumenta.


En un pronunciamiento público por parte de la ONRE, el pasado 13 de enero, señala que el 22 de septiembre de 2021 el juez Horacio Nicolás Ruiz Palma citó a las partes para oír sentencia y resolver dicha excepción. Aunque la ley le concede un plazo de 10 días para dictar sentencia; sin embargo, a la fecha no ha habido respuesta.


 “Llevamos casi cuatro meses esperando una resolución que no tiene mayor complicación, efectivamente el estado procesal del asunto es que se encuentra suspendido desde hace cuatro meses en los que el juez Horacio Nicolás Ruiz Palma no puede emitir una resolución cuya regulación le exige dictarla en 10 días”.


 ONRE resalta que el juez Horacio Nicolás Ruiz Palma no tiene el ánimo de resolver el juicio que lleva tres años, protegiendo claramente los intereses económicos de la aseguradora.


“Y que no podría ser posible sin el compadrazgo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, durante todo este camino, hemos mantenido reuniones constantes con las víctimas a las que representamos, atendiendo su derecho a la información veraz y oportuna, y procurando que ésta sea comunicada por medios óptimos y de fácil acceso”.


 Finalmente, la “Organización Nacional de Responsabilidad del Estado A.C.” (ONRE) señaló que interpondrá una queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que será firmada por una numerosa representación de las víctimas y por ONRE, acusando la conducta del Juez de Distrito Horacio Nicolás Ruiz Palma.


E igualmente estará proyectando una manifestación frente a las oficinas del Consejo de la Judicatura Federal que se encuentran en avenida insurgentes.


 “Seguiremos haciendo nuestro trabajo e informando de los avances de la acción colectiva que únicamente busca la defensa y protección de las víctimas que son beneficiarias de un contrato de seguro”.

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