Javier Corral, gobernador de Chihuahua, y el Poder Judicial estatal presentaron los respectivos recursos de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la negativa del ministro Eduardo Medina Mora para dar la calidad de terceros interesados a otras entidades de la República en las investigaciones contra funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.

La determinación forma parte de la controversia constitucional y la suspensión de las investigaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto y varios integrantes de su gabinete.

Ante ello, el Poder Ejecutivo durante la administración de Peña Nieto promovió la controversia para protegerse ente cualquier tipo de acción legal en su contra como parte de las investigaciones encabezadas por el gobierno estatal de Javier Corral.

La ponencia de Medina Mora emitió un acuerdo donde establece que no se puede dar entrada a la petición del titular del ejecutivo estatal para “tener como terceros interesados a los Tribunales Superiores de Justicia y a las Fiscalías del resto de las entidades federativas”.

Detalló que no se advierte que el resto de los estados pudieran resultar afectados por la sentencia que llegue a dictarse dentro de la controversia.

Y es que la administración de Javier Corral consideró que hay una posible invasión a la esfera competencial del orden federal al considerar que funcionarios federales no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local por conductas realizadas en el ejercicio de sus competencias y la aplicación de leyes federales.

De esta forma las autoridades estatales de la República no pueden formar parte de este juicio, ni presentar alegatos, aportar pruebas o combatir los acuerdos o determinaciones, entre ellos la sentencia que se emita al respecto.

Como se recordará, el ex presidente de la República, a través de la consejera jurídica Misha Leonel Granados Fernández, promovió la controversia constitucional en contra del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, e impugnar la validez de las investigaciones y acciones judiciales en contra de funcionarios federales, relacionados directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.

En el documento presentado el pasado 11 de octubre de 2018 se impugnan las posibles acciones de los Poderes Ejecutivo, por conducto del Gobernador y la Fiscalía General, y Judicial, a través de sus diversos juzgados todos del Estado de Chihuahua.

“Las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”.

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