Se desplazan miles en Sinaloa por violencia
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 39/2017 a diversas autoridades de Sinaloa por el desplazamiento forzado interno (DFI) de dos mil 38 personas en los municipios Leyva y Choix a causa de violencia generada por grupos criminales.
Fustigó que aunque las diferentes autoridades municipales y estatales estaban al tanto de dicha situación omitieron protegerlas lo que orilló a los ciudadanos a dejar su hogar.
La Recomendación va dirigida al Gobernador Quirino Ordaz Coppel; al Fiscal General estatal, Juan José Ríos Estavillo, y los Presidentes Municipales de esos dos Ayuntamientos, María Beatriz León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respectivamente.
El organismo que encabeza Luis Raúl González Pérez, les pidió -entre otros aspectos- que diseñen e implementen un programa de reparación integral colectiva, que brinde a las personas desplazadas condiciones dignas de vida, y puedan reestablecer sus medios de subsistencia.
Les pide que realicen un diagnóstico sobre la situación actual de esas personas, y se les brinde atención médica y psicológica.
También les solicita que levanten un censo que confirme cuántas personas fueron desplazadas de esos municipios de enero a mayo de 2012, y en todo el estado.
Las autoridades estatales y locales también deben diseñar e implementar dos campañas de información: una para comunicar a esas personas sus derechos y a quién pueden acudir para la protección de los mismos, y otra dirigida a servidores públicos para sensibilizarlos.
En los municipios de Leyva y Choix los grupos criminales generaron tal violencia que los habitantes huyeron de sus lugares de origen y resultaron víctimas de saqueos, destrucción y despojo de sus bienes.
La CNDH señaló que el 21 de mayo de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa remitió a este Organismo Nacional, por razones de competencia, la queja de una mujer representante de más de 600 familias, unas mil 475 personas, que fueron desplazadas en 2012 de 40 comunidades del municipio de Sinaloa de Leyva.
En tanto que el 9 de abril de 2015 la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para una segunda defensora de 563 personas en Choix.
Las denunciantes sufrían persecución, amenazas y hostigamiento por sus labores de defensa.
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