Hacienda pone en jaque a gasolineros

Alfonso Hernández / Lorena González

Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes en el Valle de Toluca, señaló que las nuevas medidas de facturación del Servicio de Administración Tributaria son inviables de aplicarse, pues las estaciones de servicio no tendrán la capacidad de sostener los timbres de la cantidad de facturas emitidas diariamente.

En entrevista con CAPITAL MEDIA, resaltó que estar referenciando cada compra ahora por ticket, en lugar de ingresar estas ventas como atención al público que podían englobar las ventas generales y la atención a flotillas, teniendo lo que resta del mes para emitir la respectiva factura, es un sin sentido y les representará un gasto muy
elevado, y desafortunadamente no tienen las condiciones de realizar.

“Lo que nos dice la autoridad es que ahora vamos a tener que timbrar cada venta, para enterar al SAT de que la venta está hecha, todo lo vendido estará registrado ante la autoridad financiera”.

Precisó que en cada disparo de la bomba o despacho, los sistemas que utilizan las estaciones de servicio generan un número de atención que se almacena en una memoria y en caso de que los clientes no quieran el ticket, estas transacciones eran declaradas como ventas globales.

Para operaciones con público en general, se tenía la facilidad de emitir una factura global diaria, semanal o mensual, en un plazo de 72 horas siguientes al cierre de operaciones, sin embargo, ahora deberá ser una factura por cada operación y a más tardar en 24 horas.

“Si antes no nos pedían el comprobante para factura, yo ese monto lo mandaba a la factura de venta al público en general, pero ahora tenemos que estar facturando para tener un control del desglose de lo vendido, y lo peor es que tendrá que ser antes del cierre de estación, lo que significa un esfuerzo extra del personal administrativo”.

Dirigentes empresariales de la Unión Industrial del Estado de México (Unidem) demandaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) echar atrás nuevas disposiciones fiscales en cuanto a facturación en gasolineras, consideran que la nueva medida afectará de manera grave al sector.

Imposible contratar más personal

Los empresarios consideran que ante los problemas que se vivieron durante este primer trimestre del año, y las pérdidas que se generaron,  están imposibilitados de contratar más personal o pagar horas extras sólo para cumplir con las nuevas disposiciones.

Ahora se debe facturar por cada carga, lo que implica mayores gastos, contratación de más personal y pérdida de tiempo en la carga.

“A los gasolineros les va a subir muchísimo la carga administrativa, hoy podemos juntar varios despachos en una factura global y con eso, hacer ventas a flotillas o ventas a crédito o débito. Con la nueva disposición se tiene que facturar a cada cliente y por ejemplo, a una empresa con  flotilla de 800 vehículos, se tendrán que hacer 800
facturas al día”, señaló Martín Trejo Palacios, asesor de la UNIDEM.

Cada estación de servicio tiene contratado un paquete de timbres para la emisión de facturas electrónicas, el cual no da cabida para señalar todas y cada una de las ventas que se realicen cada día, recordando que diariamente se atienden más de 800 servicios en promedio, con la medida representaría un gasto adicional de 23 mil pesos al mes y la contratación de más personal en tres turnos para la emisión de facturas.

Antihuachicol

De acuerdo a la autoridad hacendaria, la nueva disposición pretende frenar el huachicoleo al dar certeza en la compra del combustible, sin embargo, los empresarios consideraron que la medida no frena la actividad ilícita.

Jorge Luis Pedraza, líder empresarial, indicó que estas nuevas medidas realmente “no sirven para nada” y sólo complicarán las cosas, por lo que hizo un llamado a la autoridad a repensar los cambios.

La nueva resolución entraría en vigor el 1 de mayo de 2019  y, en caso de incumplimiento, la autoridad hacendaria estableció multas que van de los 15,200 hasta los 87,350 pesos.

“No estamos en contra de que se luche contra las actividades ilegales, pero esto no debe darse con disposiciones que afecten la competitividad”, concluyó Trejo Palacios.