Con una tendencia de 43.8 por ciento de las preferencias electorales, Cuitláhuac García, abanderado de la coalición Juntos haremos historia, se perfila a ser el próximo gobernador de Veracruz.
Sin embargo, el virtual sucesor del panista Miguel Angel Yunes Linares recibirá una entidad severamente dañada por las anteriores administraciones y con una población que desconfía de sus gobernantes.
Además de la crisis de derechos humanos que enfrenta el estado a consecuencia de la inseguridad, los homicidios y las desapariciones forzadas, Veracruz padece los estragos de un desfalco presupuestal y la corrupción de funcionarios de diversos órdenes de gobierno.
De acuerdo con organizaciones civiles y colectivos de búsqueda, entre 2006 y 2017 la cifra de personas desaparecidas en la entidad asciende a cinco mil, en contraste con las tres mil 500 que reporta la Fiscalía estatal.
Y si a ello se le suma la presunta participación de servidores públicos en las desapariciones, el resultado es una falta de confianza en las instituciones y, por ende, falta de denuncias.
Asimismo, el hallazgo de fosas clandestinas en los municipios veracruzanos es otra situación que no han podido resolver los anteriores mandatarios; como muestra, únicamente en 2017 fueron encontradas 343 fosas con más de 30 mil restos humanos, según reportes de la sociedad civil.
Otro problema que recibirá Cuitláhuac García será la deuda que se tiene con los periodistas y la libertad de expresión en el estado: al menos 12 comunicadores han sido asesinados en los últimos seis años sin que se tengan resultados concretos en las investigaciones.
Y no menos importante, la deuda heredada por Javier Duarte de Ochoa a Miguel Ángel Yunes y que éste a su vez dejará al abanderado de Morena-PT-PES se ha incrementado a corto plazo a 11 mil millones de pesos, debido a que el panista adquirió créditos y préstamos para resarcirla, los cuales no ha podido pagar.
