Gobierno de Puebla empodera a las y los poblanos con la Ley de Mejora Regulatoria

Con la Ley de Mejora Regulatoria y Buena Administración para el Estado de Puebla, publicada en noviembre pasado, el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta refrendó el compromiso de alcanzar los altos niveles de eficiencia en el servicio público, de acercar y facilitar todos los trámites a la población, así como de empoderar a las y los poblanos, pues les dio los instrumentos jurídicos para obtener servicios más eficientes.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Administración, Rosa Urtuzuástegui Carrillo informó que, gracias al trabajo realizado por el actual gobierno, fueron disminuidas 225 tramitaciones, además de que aumentó a 45 el número de trámites que hoy están de manera digital como actas certificadas de nacimiento, matrimonio y defunción, constancias de no inhabilitado de persona física y persona moral, inscripción al padrón de proveedores y contratistas, entre otros.

Además, entre las acciones realizadas fue implementada una ventanilla digital, la cual concentra todo lo referente a trámites y servicios, siendo posible tener información actualizada de 639 trámites y servicios, agendar citas para 96 trámites que son atendidos en las diferentes oficinas de gobierno, generar referencias de pago, tramitar solicitudes completamente en línea, realizar pagos de manera electrónica, así como recibir notificaciones y resoluciones de trámites y servicios.

Como parte de las acciones para fortalecer el gobierno digital por la pandemia del COVID-19, fueron habilitados la App Previene Covid para dispositivos móviles, el WhatsApp Corona Alert, la Página previenecovid19.puebla.gob.mx y el Centro de atención telefónica PREVIENE COVID, que atendió un total de 28 mil 711 llamadas.

Urtuzuástegui Carrillo añadió que otra de las principales aportaciones de esta ley, fue el establecimiento del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, el cual es la instancia normativa reguladora y la que está a cargo de la vigilancia de dicha simplificación en cada entidad y dependencia. En este sentido, también destacó la firma del convenio entre el Gobierno del Estado y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que sentó las bases para reidentificar la parte del rediseño público.