Alejandro Encinas, lamentó caso de Giovanni López

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez, lamentó que autoridades locales hayan impuesto restricciones a la movilidad, ante la Pandemia del “COVID-19” y sin dar nombres se refirió al caso de Giovanni López.

“No era mejor que si un ciudadano estaba circulando o estaba caminando por las calles, sin cubre bocas, en lugar de que lo detuviera la policía, le entregara un cubre bocas, y le hiciera cobrar conciencia del problema, ahí está el resultado, yo creo que las tentaciones en ocasiones del uso indebido, de la autoridad gana, cuando la participación de la gente, como se ha visto en la inmensa mayoría, del país a ayudado mucho a enfrentar esta situación de emergencia”.

Encinas Rodríguez, reconoció, que durante la etapa de “Cuarentena por la Pandemia”, diversos Gobiernos Estatales y Municipales, asumieron, diversas disposiciones, bajo el argumento de la “Emergencia Sanitaria”, que limitaron garantías y derechos de los ciudadanos, por lo que se extralimitaron en sus funciones y facultades.

“Desde Gobiernos que quisieron cerrar los límites territoriales de sus estados, presidentes Municipales que establecieron toques de queda, situaciones extremas como las que se presentaron en Tierra Caliente en el estado de Guerrero donde hubo incluso castigos corporales por una mal llamada policía comunitaria, a quienes vulneraban el toque de queda”.

Al participar en el encuentro latinoamericano sobre desaparición forzada organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Funcionario, señalo que lejos de establecer medidas punitivas, lo que debe de prevalecer en este tipo de situaciones de emergencia son las medidas de carácter preventivo, de concientización y participación de las personas.

“El hecho de establecer restricciones a la movilidad, que son difíciles de cumplir, restricciones como la obligación de usar un cubre boca en la vía pública, no deberían de sancionarse, con medidas punitivas, administrativas, o penales”.

En el encuentro latinoamericano, realizado a través del sistema de “Videoconferencia”, Alejandro Encinas, destacó que se debe erradicar la desaparición forzada mediante la atención de las causas que lo originan, sostiene el subsecretario Alejandro Encinas, reconoció que la “Desaparición Forzada”, es una práctica que se implementó en los años sesenta y setenta por el Estado mexicano y que continua de manera sistemática.

“El Objetivo debe ser erradicar la Desaparición Forzada, y esto tiene que ver fundamentalmente, con acciones que trascienden en el ámbito de la búsqueda, tenemos que ir a atender las causas que lo originaron y tiene que ver con la inseguridad y los niveles de violencia que se han alcanzado, pero también y de manera lamentable, por la impunidad que prevalece en este delito”.

Durante su participación en el encuentro internacional, el Subsecretario hizo mención al aniversario número 49 del llamado “Halconazo”, donde se recurrió a la desaparición forzada por parte del Estado, por ello, aseveró que el actual Gobierno de México impulsa un cambio de paradigma en la política de defensa, protección y garantía de los derechos humanos.

“Y más hoy 10 de Junio como sucedió con desapariciones que tenemos registradas desde el año de 1964, debemos cerrar estas heridas abiertas en nuestro país”.

El político capitalino, dijo que a pesar de que hay avances importantes en la materia, lo más lamentable es que la impunidad prevalece en un país, donde el dos por ciento de los delitos se judicializan, y solamente el uno por ciento se castiga, además de que en el delito de “Desaparición Forzada”, no hay sentencias registradas a la fecha.

“En el caso de Desaparición Forzada, también hay que señalarlo, no hay ninguna sentencia, al respecto al momento en nuestro país”.

El también Ex-Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, dijo que se desarrolla una institucionalidad con acciones que permiten reconocer la responsabilidad del Estado para brindar seguridad y protección a las personas, y en el caso específico de la “Desaparición Forzada”, sostuvo que se tiene que garantizar el derecho a la verdad y el derecho a las familias a encontrar a sus seres queridos.

Reconoció, que la “Desaparición Forzada”, es un fenómeno de enorme dimensión que requiere de leyes, instrumentos e instituciones para enfrentarlo y crear las condiciones para dar resultados en los próximos años.

Reitero su compromiso y el del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no proteger a quienes cometan este delito en el pasado o en el presente,

“No se tiene porque encubrir a nadie, porque parte fundamental de justicia en materia de desaparición forzada es que se sancione a los culpables, lo que está en manos de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales”.

Por último, hizo un llamado a los Gobiernos Estatales a que asuman su responsabilidad en este tipo de hechos, que violentan los derechos humanos de las personas.