Mauricio Vila Dosal reafirma la lucha contra la violencia hacia las mujeres

Yucatán impondrá penas más severas contra quienes cometan el delito de feminicidio, luego de que el Congreso del Estado aprobó la iniciativa para modificar el Código Penal del Estado y la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en esta materia, la cual fue propuesta en enero pasado por el gobernador Mauricio Vila Dosal, con la que reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia hacia este sector de la población.

Hay que recordar que dicho código estatal prevé una pena por este delito de 32 a 45 años de prisión y de mil 500 a 2 mil 500 días-multa, con determinados agravantes que elevan la pena hasta un máximo de 60 años de prisión, como es el caso de la existencia de la relación de parentesco, laboral, docente o sentimental entre el sujeto activo y la víctima.

Pero con la iniciativa avalada por el Congreso local, se regula un agravante para el caso de que la víctima sea menor de edad, con una pena mínima de 50 años, siendo esta la mayor entre las previstas actualmente en el código penal local, y una pena máxima de 65 años de prisión.

Con la reforma a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ahora se establecen como atribuciones de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) sensibilizar e informar a las personas ofendidas sobre los efectos, implicaciones y alcances del procedimiento abreviado, cuando se trate del delito de feminicidio.

De esta forma, se regula la pena para el feminicidio contra niñas o adolescentes, es decir, mujeres menores de edad, así como se aumenta la indemnización correspondiente cuando existan entre el sujeto activo y la víctima o las personas ofendidas del delito, los vínculos mencionados.

En este sentido, el Gobernador giró instrucciones a la titular de la Semujeres, María Cristina Castillo Espinosa, para no escatimar esfuerzos para otorgar acompañamiento, capacitación, asesoría, así como las herramientas técnicas con las que cuenta la administración estatal a las instancias o Institutos mencionados.