SEGOB acompaña y celebra la liberación de personas indígenas de Coyomeapan, Puebla

SEGOB acompaña y celebra la liberación de personas indígenas de Coyomeapan, Puebla Foto: Segob
SEGOB acompaña y celebra la liberación de personas indígenas de Coyomeapan, Puebla Foto: Segob 

SEGOB acompaña y celebra la liberación de personas indígenas de Coyomeapan, Puebla, detenidos por una inconformidad.


Basilisa Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez y Adán Anastasio González Aguilar, indígenas nahuas de la Sierra Negra del estado de Puebla, recuperaron su libertad, luego de que fueron detenidos a consecuencia de la inconformidad que tuvieron sobre el proceso electoral 2021 en el municipio de Coyomeapan, Puebla, el 6 de junio de 2021.

Tras su detención, los tres indígenas fueron recluidos en el Centro de Reinserción Social Regional en Tehuacán, Puebla.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que derivado de mesas de trabajo a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), el pasado miércoles 20 de julio, las tres personas obtuvieron su libertad de manera inmediata.

También detalla que derivado de la solicitud de los familiares de las personas privadas de su libertad, dicha comisión acompañó y asesoró en el diseño de mecanismos de solución alterna que permitió la libertad de las tres personas indígenas referidas, quienes fueron privadas de su libertad (detenidas) el 11 de septiembre de 2021, en el municipio de Ajalpan, Puebla.

En este proceso de atención se han llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobernación, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la Fiscalía General en la entidad, los representantes legales de los procesados y los familiares de los mismos, así como la participación en una de las reuniones de la representación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con el objeto de buscar y generar alternativas de solución pacífica y jurídica que posibilitara la libertad de las personas, en apego irrestricto a los derechos humanos y a las garantías del debido proceso.

“En consecuencia, en estas reuniones interinstitucionales se presentaron diversas alternativas de tratamiento jurídico que se hicieron valer en el marco de la legalidad y en el momento procesal oportuno”, señaló la dependencia.

Aunado a estas acciones, la titular de la CDPIM, Josefina Bravo Rangel, junto con su equipo de trabajo realizaron una visita a las personas recluidas en el Centro de Reinserción Social Regional en Tehuacán, Puebla, con la finalidad de llevar a cabo entrevistas que permitan conocer su situación personal y procesal, y a la par, conocer el contexto general del municipio de Coyomeapan.

En razón de lo anterior, el pasado 20 de julio del año en curso, a las 09:30 horas se celebró la audiencia intermedia, en donde el Juez de Control decretó la suspensión condicional del proceso que permitió la libertad inmediata de Basilisa Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez y Adán Anastasio González Aguilar.

Cabe mencionar que, en esta mesa de trabajo interinstitucional, aún queda pendiente por resolverse la situación jurídica de Gonzalo Martínez Herrera, quien se encuentra sujeto bajo procedimiento jurídico tradicional, distinto a los que adquirieron su libertad condicional.

“Ante este acontecimiento, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración reconoce el trabajo institucional del gobierno del estado de Puebla, así como del Tribunal Superior de Justicia, y de la Fiscalía General estatales, para velar por la garantía y el respeto pleno a los derechos humanos de las personas puestas en libertad”.

Finalmente, la SEGOB destacó que con estas acciones, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México refrenda el firme compromiso que tiene con las personas, comunidades y pueblos indígenas y afromexicano, de trabajar incansablemente en la promoción y defensa de los derechos humanos y colectivos, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios y tratados internacionales de los que México forma parte, en concordancia con la política de defensa de los derechos humanos del gobierno federal.