Recupera SCT caseta de cobro en Baja California
Los hechos sucedieron a unos días que Jaime Bonilla resolviera que su gobierno se iba a encargar de mantener y conservar el tramo carretero Tijuana-Playas de Rosarito. Para ello autorizó al fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, quien acompañó al regente a tomar posesión de la caseta.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) acusó al gobernador Jaime Bonilla Valdez, de violar la Constitución, luego del intento de eliminar por decreto el cobro de peaje en la caseta de Playas de Tijuana.
Mediante un comunicado, anunció que Caminos y Puentes Federales (Capufe), es el único organismo autorizado para operar y cobrar en las casetas de peaje, por lo tanto, emprenderá acciones para retomar la administración, y advirtió al mandatario estatal que ello no evita su responsabilidad por “el daño, interrupción y deterioro de los servicios”.
En el documento, el ente recalcó que es la única con la facultad para otorgar concesiones y permisos, construir y operar carreteras federales y autopistas, así como vigilar técnicamente su funcionamiento, únicamente corresponde a la dependencia al mando de Javier Jiménez Espriú.
La madrugada de este jueves 9 de julio, al menos 160 elementos de las fuerzas armadas, liderados por la Guardia Nacional y miembros de la Secretaría de Marina, acudieron a dicho tramo carretero para restablecer la operación normal de la plaza de cobro, ya que el martes pasado, el gobernador Bonilla tomó control de las instalaciones de Capufe de forma ilegal a fin de dar paso libre a los automovilistas, amparado en un decreto que él mismo expidió y que viola diversas leyes federales.
En el acto al que acudieron funcionarios estatales, incluido el Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, se dio a conocer que personal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Municipal, se haría cargo de evitar actos delictivos en el lugar, así como brindar seguridad.
En el operativo no hubo actos de violencia ni contratiempos, no obstante, se advirtió a los involucrados que de no retirarse serían puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
Los hechos sucedieron a unos días que Jaime Bonilla resolviera que su gobierno se iba a encargar de mantener y conservar el tramo carretero Tijuana-Playas de Rosarito. Para ello autorizó al fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, quien acompañó al regente a tomar posesión de la caseta.
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