Sancionan a alcaldías yucatecas por incumplir leyes de transparencia

Mérida, 18 Jul (Notimex).- En los últimos tres años, unos 14 ayuntamientos yucatecos han recibido medidas de apremio y amonestaciones, por incurrir en actos que vulneran el derecho ciudadano a acceder a la información pública que generan sus autoridades

El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip Yucatán), hizo públicos los expedientes de estas amonestaciones y reclamos, en los que algunos datan desde 2016.

En ese año, este instituto yucateco creado para garantizar el acceso ciudadano a la información que es pública y que pueda ser de su interés amonestó a la ciudad de Izamal y sus autoridades por no garantizar ese derecho.

Esa misma localidad recibió amonestaciones similares en el año 2017 y 2018.

Desde entonces hasta la fecha, las amonestaciones y medidas de apremio llegaron a otras alcaldías como la de Río Lagartos, que ya suma más de un expediente de amonestación, al igual que Panabá, Calotmul, Ticul, Yobaín, Acanceh, Sanahcat, y Cenotillo.

Otros municipios con expedientes por no cumplir son Conkal, Progreso, Kanasín, Muna, Tixkokob.

El instituto aclara que esos expedientes son dirigidos a los actuales alcaldes de esos municipios, y que aunque algunos expedientes datan que cuando aún no eran autoridades, sí están obligados a hacer los cambios y adecuaciones para respetar la ley.

En caso de no hacerlo, entonces podrían hacerse de sanciones administrativas como multas de 150 hasta 1,500 unidades de medida y actualización, que se supone no deben pagarse con recursos públicos.

Junto con las alcaldías han recibido amonestaciones “otros sujetos obligados” sancionados en ese periodo, como el Hospital Comunitario de Ticul y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tixkokob.

La ley estatal de transparencia señala que los servidores públicos que no cumplan con estas indicaciones o que violen el derecho ciudadano de poder conocer la información pública, deben ser reportados ante el Congreso del Estado, pero no aclara si pueden ser objeto de sanciones administrativas más allá de las multas o puede ser sujeto de la acción penal.

Además, la ley dice que las medidas de apremio a esos servidores públicos se impondrán de acuerdo con los siguientes criterios de calificación: La gravedad de la falta, las condiciones económicas del infractor y la “reincidencia”.

Otros sujetos obligados son las universidades públicas, partidos políticos, sindicatos, dependencias del gobierno yucateco, el Congreso del Estado, entre otros.

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