Luego del homicidio del defensor Tomás Rojo Valencia, integrante de la comunidad Yaqui, en Sonora, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 27 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el hecho.
“Ante lo cual la CNDH expresa sus condolencias a sus familiares y manifiesta su solidaridad con los colaboradores e integrantes de la citada comunidad”.
La Comisión Nacional señaló que el agravio sufrido por Rojo Valencia a juicio de sus familiares, se relaciona con su activismo en la región, toda vez que fue portavoz de los pueblos en resistencia durante la construcción y posterior operación del Acueducto Independencia en la entidad.
“De la información trascendida en medios, se observa que el 18 de junio de 2021 fue localizado el cuerpo del defensor en una fosa clandestina, ubicada a 12 kilómetros al sureste de Vícam y a dos kilómetros al este de la Carretera Estatal 29, en el estado de Sonora”.
En el seguimiento del caso, la CNDH tuvo conocimiento de que la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora inició la indagatoria correspondiente para el esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables, con motivo de la presunta desaparición y posterior homicidio del defensor, implementando labores, a través de su Dirección de Criminalística Laboratorio, para la identificación y estudio de los restos localizados, correspondientes al defensor agraviado.
“No pasa desapercibido que, desde el pasado 17 de junio de 2021, la también activista Lorena Josefina Valenzuela Esquer, integrante de la comunidad Yaqui, se encontraba desaparecida en esa entidad y fue localizada por elementos de la policía municipal de Puerto Peñasco, en coordinación con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía estatal, en el marco de la indagatoria radicada por tales hechos”.
Además por los eventos antes descritos, la Comisión Nacional demandó a la autoridad de procuración de justicia indagar de manera exhaustiva los asuntos mencionados, con especial atención en la posible relación de estos con la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas, coordinando asimismo acciones para la atención integral de los familiares y víctimas indirectas en el caso.
De igual manera, reiteró su preocupación por la ausencia de efectividad, eficiencia y vigencia de acciones, políticas públicas y estrategias oficiales, coordinadas y adecuadas, por parte de las instancias de los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano, tendentes a prevenir agresiones, incidentes y riesgos, así como para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos, pues tales circunstancias inhiben el ejercicio de su actividad y, en muchos casos, desfavorecen las causas que defienden como, en este caso, los intereses y derechos de la comunidad Yaqui.
“Es así como, de forma preocupante, esta Comisión ha documentado 69 homicidios de personas defensoras de derechos humanos desde el año 2006 y el caso del activista Tomás Rojo Valencia es el noveno en lo que va de este año”.
Finalmente, la CNDH señaló que observará con atención la evolución de los acontecimientos y las investigaciones que realicen las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables, para que sean presentados ante la justicia y que reciban el castigo que en derecho corresponda, a fin de que este caso no quede en la impunidad.
