FGR impugnará determinación de amparo en favor de ex gobernador de Tamaulipas

Luego de que el Juzgado Octavo de Distrito, estimó que la orden de captura que se libró en contra del ex Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que se “incurrió en violaciones al debido proceso” y la dejó sin efecto, la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que impugnará tal determinación.

Se informó que con el propósito de combatir los delitos cometidos por altos funcionarios bajo esquemas que, además de constituir actos de corrupción, implican la comisión de ilícitos penales, se ve afectado cuando se producen determinaciones judiciales que atentan contra el derecho y contra una recta administración de justicia.

“Es el caso, de la sentencia de amparo dictada por el Juez Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, precisamente de donde el principal imputado era, hasta hace poco, la máxima autoridad en esa entidad federativa, en la que se establece dejar sin efectos la orden de aprehensión dictada previamente por un Juez de Control”.

La FGR, destacó que es más que evidente en la sentencia de amparo aludida, que quien la emite, antes que hacer un análisis específico e integral tanto de lo que se planteó al solicitar la orden de aprehensión, como de lo resuelto por el Juez de Control al librar la orden de aprehensión, así como de lo alegado por la parte promovente del amparo, se dedica por entero a tratar de explicar y justificar las operaciones financieras del quejoso ya que el rol de juzgador se habría transformado en el de un agente de la defensa del imputado.

“Las cuales en todo caso denotan la organización de hecho realizada por el citado y otras personas para la realización de ciertas conductas que llevan a la materialización de uno de los delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.

Según la Fiscalía, el Juez de Amparo, estableció el absurdo de que no podrían coexistir los delitos de delincuencia organizada y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando es por demás conocido que el primero de ellos es autónomo por esencia e incluso no requiere que se materialice la conducta o finalidad de la organización.

Innumerables casos existen en los que se ha procedido ministerialmente por delincuencia organizada y por los delitos que son la finalidad de quienes se organizan; se han obtenido órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso o autos de formal prisión (según el sistema penal que aplique) y sentencias condenatorias.

Además, la FGR advirtió que el juicio de amparo fue tramitado y resuelto sin convocar al agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), que investigó y judicializó el caso, cuando en derecho era obligado haberle dado la oportunidad de intervenir por su calidad de tercero interesado en ese juicio.

“Esa omisión contraviene de manera clara, lo establecido al respecto en el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Finalmente señaló que ante esa sentencia, notoriamente alejada del derecho y del más elemental sentido de justicia, se promoverá el medio de impugnación correspondiente, a la vez que, se analizarán las acciones legales que podrían llevarse a cabo en relación a la autoridad que la emitió.

Guillermo Espinosa / @Guiesga

AGM