Luego de que el Congreso del Estado de Veracruz, aprobara, el martes la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró la aprobación de las reformas al Código Penal de la Entidad.
“Las reformas, aprobadas con 25 votos a favor, contribuyen al respecto de los derechos humanos de las mujeres, así como a evitar su criminalización y estigmatización si deciden interrumpir un embarazo”.
Dicha aprobación reconoce el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en la entidad, y con ello se garantiza el acceso, ejercicio y goce de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas con capacidad para gestar.
El Organismo Autónomo, señaló que el Gobierno Veracruzano deberá crear mecanismos de acceso oportuno a los servicios de salud y garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, así como generar las condiciones necesarias para que todas las mujeres que así lo deseen, tengan acceso pleno al ejercicio de este derecho, de forma libre y voluntaria.
“La CNDH hace un reconocimiento a las diputadas y los diputados del Congreso local que contribuyeron a la aprobación de las reformas al Código Penal, y que coloca a la entidad como el cuarto estado en respetar el derecho a decidir de las mujeres, en el marco del respeto a los derechos humanos de las mujeres”.
Además destacó que se deben observar las recomendaciones a nivel internacional realizadas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), cuya convención ratificó México, hace 40 años, y en el mismo sentido contribuye al cumplimiento de las medidas contenidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio comparado emitido para la entidad el 13 de diciembre de 2017.
Finalmente, la CNDH expresó que las condiciones sociales, económicas, culturales y jurídicas existentes colocan en un plano de desigualdad a la mayoría de las mujeres, ante la discriminación y criminalización por decidir sobre su cuerpo, por lo que las reformas representan un avance en asegurarles una vida digna al poder decidir de forma exclusiva sobre el ejercicio de la maternidad voluntaria.
