Denuncian detención arbitraria de diputado electo en Veracruz

La Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho en Veracruz que preside el senador Dante Delgado Rannauro, denunció un nuevo caso al margen de Ley: ahora, en contra del diputado federal electo, Rogelio Franco Castán, quien se encuentra en prisión desde marzo de 2021 por el delito de ultrajes a la autoridad.

Dante Delgado, junto con los integrantes de dicha Comisión, Verónica Delgadillo García y Miguel Ángel Mancera Espinosa, precisaron que este caso se suma al del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, y al de un sinfín de veracruzanos.

El abogado del diputado federal electo, Luis Enrique González Lira afirmó que la detención es un acto “arbitrario, injustificado y desapegado al Estado de derecho”, pues no hay ningún elemento jurídico que acredite un riesgo cautelar para que se encuentre tras las rejas, ni existe evidencia o materia probatoria para que se le aplique la prisión preventiva.

Detalló que Franco Castán cuenta con tres procesos actualmente en los que se encuentra vinculado: por el delito de ultrajes a la autoridad; extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia, así como peculado equiparado.

Además, tiene una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar, que actualmente se está utilizando como “estandarte” en el estado de Veracruz, pero basado en evidencia falsa, porque Rogelio Franco cuenta con absolutamente todo el apoyo de su familia, de sus hijas e incluso de su actual pareja.

“La evidencia ha demostrado que el señor Rogelio Franco Castán no es un golpeador de mujeres: es víctima del sistema en el estado de Veracruz”.

Delgado Rannauro hizo un llamado al Poder Judicial para que actúe conforme a derecho en éste y en los más de 50 casos que la Comisión Especial ha documentado. En el caso de Franco Castán, puntualizó, se trata de un procedimiento al margen de la Ley donde se utilizó el poder público para agraviar a un personaje notorio de la lucha política del estado de Veracruz y que tiene una dimensión importante.

Reiteró que todos los casos serán claramente documentados, pues no se trata de agravar o incomodar a ninguna institución, sino impedir que haya violaciones al Estado de derecho y a los derechos humanos de la ciudadanía de la entidad.

Acusó que se trata de un delito que tiene una “dimensión pervertida”, por lo que es inconstitucional. Es una acción regresiva y autoritaria, porque basta con que una persona diga que fue ultrajada, sin tener ninguna evidencia, para ser detenido con prisión preventiva.