Veta gobernador de BCS presupuesto y ley de ingresos aprobados por el Congreso estatal

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, informó la decisión de vetar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que pretende imponer el Congreso estatal en contra de los intereses de las y los sudcalifornianos.

Esta decisión, sin antecedente en el estado, implica que las leyes aprobadas para el 2020, continuarán vigentes. “Nuestra Constitución estatal, en su artículo 64, fracción XXXI, párrafos segundo y tercero señala que cuando por cualquier circunstancia no llegare a aprobarse la Ley de Ingresos y/o Presupuesto de Egresos del Estado, se aplicarán los que se hayan aprobado y publicado con la fecha más reciente en el Boletín del Gobierno del estado de Baja California Sur”.

Mendoza Davis agregó que también vetará las reformas aprobadas a la Ley de Coordinación Fiscal.

El veto responde a una convicción: “Las decisiones de política pública deben responder a una necesidad social, nunca a un interés electoral”.

Lo aprobado por el Congreso estatal impide continuar con la atención de salud para las familias, borra la posibilidad de apoyar a la economía familiar y pone en riesgo la seguridad pública que tanto nos ha costado recuperar, insistió el mandatario estatal.

“No lo vamos a permitir.  Vamos a enfrentar a la tentación con responsabilidad, congruencia y la fuerza de la ley”, apuntó.

Dejó en claro que el Congreso ha pasado por alto el derecho de las y los sudcalifornianos a recibir servicios de calidad por parte de su gobierno estatal. Sin cumplir con lo que la ley dispone; sin ningún tipo de estudio y análisis en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación; en un claro acto de intromisión en la esfera de competencia del Ejecutivo y, con absoluta irresponsabilidad, abandona a la gente y a sus necesidades al reducir en 60% el capítulo 3000 del presupuesto relativo a los servicios generales de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Dicha reducción irracional, que se realizó sin el más mínimo esfuerzo de análisis, estudio o investigación, impacta directamente a conceptos indispensables para la atención de la población mediante el funcionamiento adecuado de las dependencias de la administración estatal.

En suma, subrayó Carlos Mendoza Davis, la pretensión de los diputados implica disminuir a la administración pública estatal aproximadamente 400 millones de pesos que limitarían, entre otros, la prestación de servicios en materia de salud, mantenimiento de la seguridad pública y el sostenimiento de la educación en nuestra entidad.