CNDH condena decisión del Gobierno de Yucatán por retirarle seguridad a defensora de DDHH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó y condenó la decisión tomada por el Gobierno del Estado de Yucatán, respecto a retirarle la seguridad (escolta) a la defensora de los derechos humanos Clemencia Adelaida Salas Salazar, pese a que ya que contaba con las medidas de protección cautelar en esa entidad federativa.

“El 30 de marzo de 2017 esta Comisión Nacional solicitó al Gobierno del Estado de Yucatán la implementación de medidas cautelares con el objeto de garantizar la vida e integridad física de la defensora, no obstante, lo anterior, a la fecha subsiste el riesgo inminente de ese entonces, por lo que causa desconcierto e incertidumbre a este Organismo Nacional el hecho de que hoy el Estado de Yucatán rescindió la medida de escoltas”.

Clemencia Adelaida Salas Salazar, es defensora en pro de la mujer en Yucatán, además de Representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y representante legal de “Ni una Más A.C.”; promotora de que se decrete en Yucatán la Alerta de Género e integrante de la “Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México”.

La CNDH, solicitó, el pasado 6 de abril de 2020, la incorporación de Salas Salazar, al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) al tiempo que hizo un llamado a las autoridades del Estado de Yucatán, con la finalidad de que restablezcan las medidas de protección a la defensora afectada con la suspensión de escoltas.

“Esta Comisión Nacional subraya la importancia de que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas analice y, en su caso, ofrezca todas las garantías de seguridad y protección a la defensora y su familia, y además revise el nivel de riesgo en el que se encuentran”.

La CNDH solicitó al Gobierno del Estado de Yucatán, que se continúe con el servicio de escolta para la Defensora de Derechos Humanos, en tanto su caso sea analizado por la Junta de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así subraya la importancia de que el Estado garantice condiciones que permitan que los defensores ejerzan su profesión sin restricción alguna.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que ha estado en contacto permanente con la defensora Salas Salazar y estará atenta a la actuación de las autoridades correspondientes.