Máxima tensión en las cárceles por decisiones de Bukele en El Salvador

 

El argumento del Ejecutivo: evitar que desde los recintos penales salgan órdenes sobre crímenes al exterior.


En momentos en que El Salvador lucha por contener el avance del coronavirus y registraba una reducción significativa en los homicidios, la violencia volvió a estremecer al país centroamericano: 24 personas fueron asesinadas el viernes en diferentes puntos.

“Se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda, en todos los centros penales de seguridad. ¡El estado se respeta!”.

Con este tuit, el viceministro de Justicia de El Salvador, Osiris Luna Meza, confirmó este domingo el inicio de una de las medidas previstas en el estado de emergencia decretado en las cárceles tras el reciente aumento de homicidios en el país, para evitar que desde allí salgan órdenes sobre crímenes al exterior.

El gobierno publicó un video donde se puede observar que los custodios de la cárcel de Izalco, ubicado en el occidente del país, sacaron en fila a los pandilleros apenas vistiendo bóxer, agachados y con las manos atrás del cuello, hasta llegar a un patio donde los arrodillaron y luego los sentaron en fila para proceder a la revisión de las celdas.

Bukele también ordenó el aislamiento de los cabecillas de las pandillas, quienes no tendrán contacto con el exterior, de igual forma las tiendas permanecerán cerradas y todas las actividades al interior de los cárceles quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

En línea con lo planteado por Bukele, el ministro de Justicia ha ido entregando más información al respecto.

Luego de la confirmación de que todas las celdas estarán mezcladas entre miembros de distintas pandillas, confirmó que, hasta nuevo aviso, “todas las celdas de pandilleros en nuestro país permanecerán selladas. Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sancionó la estrategia. A través de una declaración condenaron la acción que califican de violación a los derechos humanos de quienes viven privados de libertad.

Según indican, es una “bomba de tiempo” toda vez que juntar a pandillas diferentes lleva a “un riesgo total de que haya amotinamientos o asesinatos selectivos y colectivos”.

José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch también mostró su preocupación: “Bukele pretende darle carta blanca a miembros de la fuerza pública para matar. Sus órdenes a la policía y fuerzas armadas contradicen los estándares internacionales”.

Otras, como la FESPAD, la Fundacion de Estudios para la Aplicación del Derecho, ve en esta autorización al uso de la fuerza letal una demostración de poder ante las pandillas. Saul Baños, director de la FESPAD analiza los anuncios de Bukele y los peligros que estos encierran: “Los miembros del Ejército no están preparados en materia de seguridad pública ni en materia de derechos humanos; también se tienen a los agentes de gatillo fácil, tenemos una historia reciente donde ha habido ejecuciones extrajudiciales. Con este anuncio del Presidente, los agentes podrían volverse más licenciosos para cometer ese tipo de actos y violaciones a los derechos humanos”, dijo a nuestro medio asociado RFI.

Ayer, la ex presidenta de Chile, hoy Alta Comisionada para Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet también declaró al respecto. A través de su Oficina publicó una guía dirigida a los Estados sobre cómo aplicar las medidas de emergencia en el contexto de la COVID-19.

“Hemos visto cómo numerosos Estados adoptaban medidas justificadas, razonables y provisionales. Pero también ha habido casos muy inquietantes, en que los gobiernos parecen haber usado la COVID-19 como pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertades fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el Estado de Derecho”, dijo al respecto.