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Jueves 18 de Abril 2019

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Alistan sentencia a un año de la desaparición de Marco Antonio

STAFF CAPITAL Foto Capital Media
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01 de Enero 2019
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Sería la primera sentencia en juicio de amparo emitida contra las autoridades capitalinas bajo el esquema de desaparición forzada

A punto de cumplirse un año de la detención del joven Marco Antonio, quien desapareció por cinco días después de que presuntamente fue liberado por los elementos de la SSP-CDMX, se espera que el próximo siete de enero se dicte por fin la sentencia en el juicio de amparo sobre desaparición forzada.

Esta sería la primera sentencia en juicio de amparo emitida contra las autoridades capitalinas bajo el esquema de desaparición forzada de personas cometida por agentes del Estado en la Ciudad de México.

A través del juicio 102/2018, presentado en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo Penal, diversas instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, solicitaron medidas preventivas de protección para el menor y su familia.

Desde el 26 de enero, cuando se presentó la demanda en contra de las autoridades capitalinas se ha dado a conocer en la versión pública del juicio información sobre las condiciones en que fue encontrado Marco Antonio y la revictimización que sufrió en el Hospital, donde fue amarrado de muñecas, tobillos y cintura como medida de sometimiento.

En el último análisis pericial que solicitó el juez de amparo se presume que el medicamento que le fue suministrado durante su internamiento lo afectó severamente, pues presentaba trastornos de conducta, lo que conlleva directamente una responsabilidad por parte del Estado.

Por ello se solicitó a un perito, tercero en discordia, para que diera su opinión sobre los efectos del “tratamiento” médico global no sólo a través de un medicamento, que inclusive pudiera generar secuelas no propiamente psiquiátricas como emocionales y sociales en el paciente.

Sin embargo, el planteamiento jurídico ha sido llevado únicamente a los efectos psiquiátricos del paciente—generando una estigmatización sobre su salud mental—olvidando las otras problemáticas derivadas de las circunstancias en las que recibió el tratamiento médico durante su hospitalización.

“El diagnóstico y tratamiento recibido por el quejoso, ocupándose de determinar si el adolescente desarrolló una discapacidad psicosocial a raíz de los hechos materia de este controvertido constitucional y si recibió el medicamento (sedante) ‘haloperidol’ informando las consecuencias adversas de éste…”, dice la notificación judicial.

Inclusive, a través de otra sentencia la Juez encontró responsable a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México de haber filtrado información de Marco Antonio “N” quien fue exhibido en imágenes durante el tiempo que estuvo desaparecido.

En el juicio 178/2018 se explicó que de acuerdo con los tratados internacionales dichos actos cometidos por los medios de comunicación a través de agentes del estado son “abusivos y arbitrarios, ya que generan perjuicios graves en la víctima”.

En este caso fueron violentados diversos derechos del menor de edad, y aunque la sentencia sólo obliga a la PGJCDMX a evitar difundir información susceptible dentro de las carpetas de investigación, el veredicto es un precedente sobre los límites de la libertad de expresión y la presunción de inocencia.

Por el momento, Marco Antonio se encuentra en la escuela sin trastorno que pueda suponer una alteración en sus funciones neuronales y que condicione su adaptación a la sociedad, y se sigue recuperando satisfactoriamente.

Inclusive, la juez ordenó que se le brindara la protección de la Gendarmería de la Policía Federal a un lugar en provincia al cual asistió él y su familia a pasar la temporada decembrina.

“… por única ocasión, córrase traslado con el ocurso de cuenta a la División de Gendarmería de la Policía Federal, para que coordine a los elementos que ejercen la custodia de…a fin de continuar con la medida ordenada. . como lo solicita la promovente en torno a los hechos que hace de conocimiento de este juzgado, se reitera a la autoridad precisada que continúa bajo su responsabilidad la custodia del quejoso a fin de salvaguardar su integridad, la cual, deberán ejecutar bajo los lineamientos que en diversas ocasiones se les ha reiterado…”, dice la notificación judicial.

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