La Asamblea Constituyente aprobó el artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México, relacionado con el ordenamiento territorial, en el que quedó establecido que los servicios públicos de agua y recolección y tratamiento de residuos sólidos no podrán ser privatizados.
Para la discusión de este articulado, había 94 reservas por lo que durante todo el viernes la Comisión de Desarrollo Sostenible armonizó para reducir su numero.
Tras los acuerdos se aprobó que el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por el gobierno de la ciudad a través de un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios.
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JCA
