Las nuevas sanciones contra la violencia feminicida

En medio de múltiples expresiones de violencia feminicida, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) aprobó la semana pasada, de manera unánime, incrementar la pena a quienes cometen esta forma extrema de violencia y aniquilación de las mujeres a partir de la reforma al artículo 148 bis del Código Penal para el Distrito Federal.

Dicha reforma se da en un contexto donde los feminicidios van al alza y la presión al gobierno de la Ciudad de México aumenta. El tema ya es agenda para colectivos y grupos de activistas, feministas, amas de casa y abogadas, quienes de manera recurrente salen a las principales calles de la capital para exigir un alto.

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“No nos maten por ser mujeres. Si me matan, no fue mi culpa. No nos corten las alas con miedo”, son frases que constantemente se ven en los carteles de las protestas.

La nueva reforma estipula que la pena mínima, que hasta ahora era de 20 a 50 años de prisión, se duplique y quede de 40 a 60 años. Además el feminicida tendrá que pagar 500 mil días de multa en caso de acreditarse el asesinato de una mujer por cuestiones de género

“Por cuanto hace a las penas correspondientes al delito de feminicidio se considera establecer como pena mínima la de 40 años de prisión y como máxima 60 años por tratarse de una conducta que a diferencia del homicidio reúnen otras conductas tales como violencia, lesiones, desprecio, odio a la víctima, discriminación, etcétera”, dice la iniciativa.

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Además del aumento de la pena mínima al doble se pierden los derechos sucesores y la norma local se armoniza con la legislación federal. La propuesta estaba en la congeladora desde noviembre de 2016 que fue turnada a las comisiones para la Igualdad de Género y Atención a Grupos Vulnerables.

Entre los objetivos expuestos en el documento que presentaron los diputados Leonel Luna y Elizabeth Mateos, ambos del PRD, se expone la protección a un grupo más amplio de la población, incluyendo en el tipo penal de feminicidio la privación de la vida a personas de la comunidad LGBTTTI.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que ahora encabeza Edmundo Garrido ha sido señalada en múltiples ocasiones por la renuncia a investigar los crímenes de mujeres bajo la modalidad de feminicidio, que agrava la pena a quienes lo cometen.

 

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