Ligan a funcionarios de Mancera con derrumbes del 19s

11 de septiembre 2018

Autor

Mexicanos Contra la Corrupción revisó 300 inmuebles con daños por el 19s y realizó una autopsia a 28 edificaciones caídas

Funcionarios de alto nivel durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México están ligados a inmobiliarias cuyas construcciones fueron dañadas por los sismos de septiembre debido a la baja calidad que presentaban.

Entre los señalados se encuentran Simón Neumann, Fernando Méndez Bernal y Felipe de Jesús Gutiérrez, todos ellos con labores en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los 28 casos analizados muestran los “eslabones que han formado esa cadena de corrupción, negligencia e impunidad que hace más vulnerables a los ciudadanos”.

Neumann, fue titular de la Seduvi al inicio del Gobierno de Miguel Ángel Mancera; mientras que Fernando Méndez Bernal, “quien en algún tiempo fue presidente del Colegio de Arquitectos —instancia que se encarga de certificar a los Directores Responsables de Obra (DRO)— ahora es asesor del actual director de la misma Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez”.

Además, MCCI señala a las empresas Vertical Homes, Canada Building Systems de México, Promotora e Inmobiliaria Dekah, Vívelo en Eje Central 526, Elite Apartments, Inmobiliaria Sacomo, Lonai Group Property Services, Inmobiliaria Álvaro Obregón, Helicópteros de Puebla y HIP HABITAT, por diferentes razones en las que se destaca el uso de materiales de baja calidad o la realización de edificios, manejados como nuevos, pero con cimientos viejos.

“Se ha diseñado un sistema en el que autoridades de todos los niveles, DRO y empresas inmobiliarias se lavan las manos. Nadie asume la responsabilidad”, consideró MCCI.

Después del sismo registrado el 19 de septiembre del año pasado en la Ciudad, la organización recopiló datos de 200 inmuebles, los cuales fueron visitados por el equipo de investigación, además se apoyaron en especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e información de la Plataforma CDMX del Gobierno de la Ciudad de México.

Al final se investigaron 28 edificios que fueron seleccionados por su nivel de daño, ubicación y año de construcción, además indagaron mediante solicitudes de información y en el Registro Público de la Propiedad para obtener la información de los predios y las empresas.

Los resultados de la investigación arrojaron los siguientes datos:

La gente no tiene forma de saber si diversos edificios (escuelas, oficinas, vivienda) van a desplomarse o quedar inservibles en cualquier momento.
El Reglamento de Construcciones, catalogado como uno de los mejores del mundo, se ignora tanto por las autoridades como por los constructores.
Los ciudadanos habitan edificios en donde se hicieron modificaciones en los cálculos de ingeniería para aumentar los márgenes de ganancias de las constructoras.
Existen inmuebles levantados con materiales de baja calidad o insuficientes.
Se realizaron edificaciones en sitios construidos sobre cimientos viejos, pero que se presumían como departamentos nuevos.
Después del sismo de 1985 se creó la figura de los Directores Responsables de Obra (DRO) y la de los Corresponsables en Seguridad Estructural (CSE), figura legal que terminó por pervertirse.
Las empresas empezaron a cooptar a los DRO y CSE; además, se creó una especie de mercado negro de firmas de DRO: los documentos y planos para obtener permisos sólo se firman, sin que se revise la autenticidad de la información que ahí se plasma.
Las delegaciones y las administraciones capitalinas ignoraron las voces de vecinos y académicos que alertaron y denunciaron sobre inmuebles que violaban usos de suelo.
Existieron construcciones que se levantaban sin permisos o edificios que tenían daños desde el sismo de 1985 y se reconstruían para venderlos como departamentos.
En algunos de los edificios seleccionados para esta investigación se encontró que se utilizan documentos falsos, con información imprecisa o datos que no corresponden a lo que se construye.
Las autoridades del gobierno central y delegacionales otorgan permisos sin revisar planos o estudios de suelo.
De 2000 a 2017 se documentó que al menos 27 funcionarios que ocupan cargos en la Dirección de Obras no tenían formación en ingeniería civil o arquitectura; hay quienes son agrónomos, ingenieros mecánicos, geógrafos, abogados, administradores de empresas e, incluso, licenciados en entrenamiento deportivo.