“Más que radares, falta educación”

 

OSC piden a Sheinbaum no bajar montos de multas


POR ALBERTO AYALA

Especialistas en movilidad y seguridad vial aplaudieron el cambio de postura de la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, de mantener el sistema de radares de las fotomultas en la capital, pero con sanciones como trabajo comunitario, clases de conducción y retiro de puntos en la licencia de manejo o su revocación.

“Qué bueno que está tomando una nueva postura, pero tanto los sistemas de puntos como los radares son herramientas, van a generar conciencia, pero no educación vial”, consideró Maytonce García, director de Transita Seguro MX.

Sin embargo, en entrevista el directivo del colectivo especializado en seguridad vial rechazó la disminución de los montos económicos contra automovilistas infractores.

“Es necesario un esquema de sanciones que impacten en la percepción del daño causado; por experiencias internacionales las multas por poner en riesgo una vida tienen un costo mayor; decir que se van a reducir no es lo más adecuado”, dijo.

Resaltó la necesidad de sanciones económicas a los automovilistas que infrinjan la ley, ya sea con los pocos agentes viales o las fotomultas.

“Hay cerca de 700 elementos de la SSP que pueden multar, 350 por turno para cinco millones de automovilistas que circulan a diario”.

Entretanto, para Víctor Alvarado, de Movilidad, Transporte y Cambio Climático de El Poder del Consumidor, el cambio de postura obedece a la presión de las OSC.

Ambos enfatizaron que deben transparentarse los contratos con la empresa Inteltráfico, además de que seguirán buscando acercamientos con el equipo de Sheinbaum.

Mientras que García destacó que en vez de reducirse, lo recaudado por fotomultas debería destinarse a un fondo de movilidad, seguridad vial, y de tratamiento a víctimas o sobrevivientes de accidentes viales.

Sin embargo, indicó que propondrá al equipo de la próxima Jefa de Gobierno la creación de un tribunal de la movilidad para los casos de automovilistas que han sido víctimas de fallas del sistema y multados erróneamente, a fin de considerar el derecho de audiencia.