Amistades peligrosas. La expresidenta argentina Cristina Fernández es señalada por manipular licitaciones públicas y favorecer a un amigo

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada por presunta asociación ilícita luego de que un juez consideró que manipuló licitaciones de obras públicas para favorecer a un empresario amigo y cobrar millonarios sobornos a cambio.

El juez Julián Ercolini anunció un procesamiento que complica todavía más la situación judicial de la exmandataria (2007-2015), a quien, además, le dictó un embargo por 10 mil millones de pesos (unos 625 millones de dólares).

Ercolini también procesó al exministro de Planificación, Julio de Vido, encargado de las obras públicas durante los 12 años de mandatos de Fernández de Kirchner y su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner.

La lista de acusados se complementa con Lázaro Báez, el empresario presuntamente favorecido y José López, exsecretario de Obras Públicas, ambos actualmente presos, y Carlos Santiago Kirchner, primo del exmandatario argentino.

De acuerdo con el juez, el matrimonio Kirchner convirtió a su amigo Báez en un próspero constructor y beneficiario de la obra pública, lo cual le permitió crear un emporio empresarial en la patagónica provincia de Santa Cruz y expandirlo al resto del país.

Según el fallo de Ercolini, así se diseñó “un esquema de beneficios exclusivos a favor de la empresa Austral, del empresario Lázaro Báez, en detrimento de las arcas del Estado”.

Agregó que los expresidentes enriquecieron “a una persona de su confianza”, o sea Báez, mediante la canalización de fondos públicos otorgados de forma discrecional y sin cumplir con las normas legales.

Así, Santa Cruz, la provincia que Néstor Kirchner había gobernado de 1991 a 2003, se convirtió, ya con él en la Presidencia, en la más favorecida con recursos para obra pública, 11.2 por ciento del presupuesto nacional.

La sospecha de los fiscales y plasmada por el juez es que en realidad Báez les pagaba a los Kirchner “retornos” de los millones que recibía por las obras públicas que le adjudicaban de manera irregular.

Para sustentar la acusación, los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques denunciaron que entre 2003 y 2015, es decir, durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, Báée obtuvo la licitación de 49 millonarias obras públicas, pero sólo terminó dos proyectos.

El caso es emblemático porque con su procesamiento el juez impulsará, a su vez, otras causas judiciales en las que se investigan los presuntos delitos cometidos por los Kirchner junto con Báez.

Cuando declaró ante Ercolini, la expresidenta calificó como “un disparate” que pretendan acusarla a ella y a Kirchner por encabezar una “asociación ilícita” para desviar los recursos de las obras públicas.

Con este proceso, la situación de la exmandataria se complica, ya que el lunes pasado fuentes de los tribunales argentinos revelaron que el juez Bonadío intentará iniciar un juicio en febrero contra Fernández por el delito de administración infiel con perjuicio al Estado.