Argentina endurece sus políticas migratorias

 

A través del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU)


El Gobierno argentino endureció ayer su política migratoria a través del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), resolución que agiliza la expulsión de extranjeros con antecedentes penales y limita los permisos de residencia.

De acuerdo con el decreto, se reducirán los tiempos para expulsar a ciudadanos de otros países sobre los que pesen causas judiciales.

Agregó que actualmente 21.3 por ciento de los presos en cárceles argentinas son extranjeros y que en los delitos vinculados a la narcocriminalidad, la cifra aumenta a 33 puntos porcentuales.

Mauricio Macri consideró que Argentina vive “una situación crítica” en esta materia, por lo que ya no se permitirá el ingreso ni la permanencia de extranjeros condenados aquí o en otros países.

Tampoco se autorizará la llegada o radicación de personas con antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o cualquier otro delito que merezca una pena privativa mínima de tres años.

Una de las excepciones se dará si los inmigrantes que pagaron a “gestores” para que los trajeran colaboren con las autoridades para denunciar a los traficantes de personas, ya que sólo así podrán pedir la residencia y evitar la expulsión.

Hasta ahora, los deportados tenían prohibido regresar al país durante cinco años, pero el plazo aumenta a ocho años si cometió delitos dolosos. Con respecto a los permisos de residencia, se cancelarán en automático si las autoridades descubren que se falsificaron documentos o si el extranjero fue condenado aquí o en otro país, aunque la condena no esté firme.

También cancela la residencia permanente “a quien hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un periodo superior a dos años o la mitad del plazo acordado, si se trata de residencia temporaria”, excepto si trabaja en el exterior para el Gobierno argentino.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos reconocida a nivel internacional, denunció que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria”.