CNDH apoyará a padres y familiares de 4 estudiantes mexicanos privados de la vida en Ecuador

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Durante el encuentro la Presidenta de la CNDH refrendó el compromiso del organismo para atender el caso y garantizarles sus derechos a la justicia y a la verdad.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), anunció que apoyará a Padres y Familiares de cuatro estudiantes mexicanos que fueron asesinados en Sucumbíos, Ecuador en hechos atribuibles al Ejército y Policía de Colombia en 2008.

Tras reunirse en privado con la presidenta del organismo, María Rosario Piedra Ibarra,
Integrantes de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, le solicitaron apoyo para que haya justicia y acceso a la verdad, así como reparación integral del daño y garantías de no repetición, en el caso de cuatro estudiantes mexicanos.

Los cuatro estudiantes que fueron privados de la vida y uno más que resultó lesionado, fueron el saldo durante un ataque armado e invasión que el Ejército y la Policía de Colombia realizaron en el territorio ecuatoriano de Sucumbíos el pasado 1 de marzo del 2008.

La Ombudsperson nacional escuchó las inquietudes y peticiones de los padres y familiares de los jóvenes asesinados, quienes mencionaron que dicha queja fue rescatada presentada ante la Comisión Nacional en diciembre de 2008 y sobre la cual nunca obtuvieron respuesta.

Los jóvenes que murieron en dicho ataqué son:

Juan González del Castillo; Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado, mientras que Lucía Andrea Morett Álvarez, fue la única sobreviviente.

Durante el encuentro la Presidenta de la CNDH refrendó el compromiso del organismo para atender el caso y garantizarles sus derechos a la justicia y a la verdad, así como, en su caso, a la reparación integral del daño y a recibir garantías de no repetición.

Piedra Ibarra, recibió un escrito en el que los familiares de las víctimas señalaron que han transcurrido casi 12 años desde la masacre en Sucumbíos y durante ese tiempo han realizado diversas acciones jurídicas, sociales, y políticas, y han sostenido reuniones con instancias de gobierno, organismos independientes de derechos humanos dentro y fuera de México, sin obtener respuestas por las autoridades mexicanas respecto de esos hechos.

En marzo de 2008, acompañados por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, presentaron en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos por el asesinato de sus hijos; de igual manera acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Embajadas de Colombia y de Ecuador en México y la CNDH, sin recibir colaboración en el caso.

Destacaron que las personas privadas de la vida han sido criminalizadas acusándoles de terroristas y narcotraficantes:

“En lugar de asumirlas como víctimas; y han luchado para buscar justicia cuando el Estado mexicano debió ser el primero en interponer ante Cortes Internacionales los juicios correspondientes por los homicidios y lesiones contra los estudiantes”.

Asimismo, externaron ante la Presidenta de la CNDH que es impostergable que el Estado mexicano asuma su compromiso con la paz en la región, así como su obligación de defender a ciudadanos mexicanos que fueron víctimas de delitos en el extranjero:

“Ya que es necesario muestre compromiso con la verdad, la memoria, justicia y la exigencia firme de no repetición de esos acontecimientos”.

También manifestaron que parte de sus peticiones es el reconocimiento público de México de calidad de las víctimas a los jóvenes asesinados; exigir a Colombia y Ecuador el mismo reconocimiento, además de una disculpa pública del Gobierno mexicano ante las omisiones y retrasos en las investigaciones.

Y solicitaron que el Gobierno mexicano abra el archivo político del caso para el conocimiento de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas Sucumbíos; acceso al expediente jurídico para conocer su estatus, las acciones realizadas por el Gobierno de México contra los responsables directos y confesos de los homicidios de sus familiares; además brindar garantías necesarias, seguridad, apoyo psicológico y médico a Lucía Morett.

En esta reunión, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estuvo acompañada por el Secretario Ejecutivo del Organismo Nacional, Francisco Javier Estrada Correa.