Destruyen sede de Tiempo Argentino

Un grupo de golpeadores destruyó la madrugada de ayer las instalaciones del periódico Tiempo Argentino, en uno de los ataques más graves a la libertad de expresión registrado durante los últimos años en este país.

Puertas y paredes rotas, archivos tirados, cables desconectados, paredes sucias y oficinas cubiertas de polvo fue el escenario que quedó del rotativo que fue convertido en una cooperativa después de que los trabajadores fueran estafados por los dueños.

Los trabajadores contaron que en las primeras horas del lunes, 20 hombres, encabezados por el empresario Mariano Martínez Rojas, entraron de manera violenta y comenzaron a destruir todo lo que encontraban.

Denunciaron que pese a la violencia y a que cuatro de los golpeadores escaparon por los techos, la policía retrasó lo más posible su intervención y liberó rápidamente a Martínez Rojas y a sus cómplices después de haberlos llevado a una comisaría.

El presidente de la cooperativa, Javier Borello, explicó que el Ministerio de Trabajo puso bajo custodia los bienes del periódico al convertirse en cooperativa, por lo que cualquier intento de desalojo es ilegal.

La Secretaría de Comunicación Pública de la Presidencia difundió un comunicado para manifestar su “más enérgico repudio al ataque” y su solidaridad con los integrantes de esa redacción, “víctimas desde hace meses del accionar irresponsable de un grupo de empresarios”.

El problema es que el gobierno debe garantizar que los empresarios no estafen a los trabajadores, como ocurrió con Tiempo Argentino, y evitar o perseguir episodios violentos.

La publicación, que anteriormente contaba con una periodicidad diaria impresa, formaba parte de multimedios Grupo 23, que era propiedad de Matías Garfunkel y Sergio Szpolski, empresarios identificados con el pasado gobierno kirchnerista, pero terminaron peleados y los trabajadores quedaron a la deriva.

Desde diciembre pasado, los periodistas y el personal administrativo dejaron de percibir sueldos y tampoco se les pagó el aguinaldo, por lo que comenzaron a realizar recitales solidarios, colectas y movilizaciones.

En medio de la crisis y los rumores de una presunta y jamás aclarada venta del periódico a Martínez Rojas, los trabajadores crearon una cooperativa y comenzaron a publicar una edición impresa semanal cada domingo.

Tras los destrozos, Martínez Rojas, junto con otras 10 personas, fue imputado por la fiscal Verónica Andrade por los delitos de usurpación y daños, informaron fuentes judiciales.