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Domingo 16 de Diciembre 2018

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EU aprueba construir más de 12 kilómetros de muro fronterizo

AP Foto Capital Media
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14 de Noviembre 2018
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Hace dos semanas fue anunciado un primer contrato por 145 millones de dólares para la construcción de un sistema similar de dique y barrera a lo largo de 9.6 kilómetros

El gobierno de Estados Unidos aprobó un nuevo contrato para la construcción de 12.8 kilómetros de muro fronterizo en el Valle del Río Grande, en la frontera de Texas con México.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó en un comunicado que el contrato, por 167 millones de dólares, fue concedido el pasado 11 de noviembre a la compañía SLSCO, con sede en Galveston, Texas.

Denominado RGV-02, el contrato consiste en la construcción de un sistema de diques y barreras en las ciudades fronterizas de Álamo, Donna, Weslaco, Progreso y Mercedes, en el condado de Hidalgo.

El sistema consistirá en un dique de hormigón armado y postes de acero de 5.5 metros de altura, instalados en la parte superior de la estructura de cemento sobre la rivera norte del Río Bravo.

Hace dos semanas fue anunciado un primer contrato por 145 millones de dólares para la construcción de un sistema similar de dique y barrera a lo largo de 9.6 kilómetros, también en el Condado de Hidalgo.

La construcción para ambos proyectos, que incluirá “tecnología de detección, iluminación, videovigilancia y una ruta de patrullaje paralela al muro”, está programada para comenzar en febrero de 2019.

Ambos sistemas “servirán como un impedimento persistente para las organizaciones criminales transnacionales, al tiempo que permitirá el acceso a los dueños de propiedades, otros funcionarios federales, estatales y locales, así cómo agentes de la Patrulla Fronteriza y personal de respuesta a emergencias”, señaló la CBP.

Grupos ecologistas han interpuesto al menos tres demandas contra el gobierno de Donald Trump, en las que objetan su facultad de ignorar decenas de leyes ambientales a fin de acelerar la construcción de vallas en la frontera.

Las demandas, que están pendientes ante las cortes federales, sostienen que el gobierno federal carece de autoridad para anular leyes que protegen el aire limpio, el agua, las tierras públicas y la vida silvestre en las zonas fronterizas.

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