Inicia juicio por peculado a exbanquero del Vaticano

 

Angelo Caloia y su abogado están acusados también de autorreciclaje


El expresidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el Banco del Vaticano, fue a juicio el miércoles, acusado junto con su abogado de malversar 68 millones de dólares de ventas de bienes raíces, en un caso que revela la intención de la Santa Sede de llevar a la justicia incluso a altos jerarcas por participar en transacciones financieras turbias.

Los cargos contra Angelo Caloia y su abogado son por delitos de peculado y autorreciclaje.

En el aula central del edificio judicial vaticano, ubicado a pocos pasos de la residencia del papa Francisco, la Casa Santa Marta, tuvo lugar la primera audiencia de un juicio que tiene como segundo imputado al abogado Gabriele Liuzzo.

Ambos son acusados de haber malbaratado el patrimonio inmobiliario del IOR, junto con el fallecido exdirector general de instituto, Lelio Scaletti, entre 2001 y 2008, cuando condujeron operaciones que habrían dejado un daño patrimonial a las arcas vaticanas.

Además de la venta a bajo costo de las propiedades, a los imputados se les acusa de haber recibido retornos millonarios y haber utilizado ellos mismos esas ganancias, de ahí la acusación de autorreciclaje.

Caloia compareció ante el tribunal ayer; su abogado y coacusado Gabriele Liuzzo, de 95 años, estuvo ausente, debido a su edad.

Durante la audiencia, que duró casi cuatro horas, la corte anunció que designará peritos para tasar las propiedades vendidas. Caloia y Liuzzo han afirmado su inocencia.

Las autoridades del Vaticano congelaron 20 millones de dólares en las cuentas de los acusados en el Banco del Vaticano e hicieron congelar otros 12 millones de dólares en las cuentas de Liuzzo en Suiza.

Se prevé un juicio prolongado, dado que los abogados de Caloia han presentado una lista preliminar de medio centenar de testigos que incluye a tres secretarios de Estado en actividad y retirados. También incluye a varios cardenales que estuvieron en la comisión que supervisa el IOR.

Esto indica que la defensa podría tratar de argumentar que las ventas de bienes raíces se realizaron al menos con el conocimiento o aprobación tácitos de la más alta jerarquía.

La abogada de Caloia, Anna Sammassimo, dijo que reduciría la lista, pero que mantendría a los cardenales Angelo Sodano y Tarcisio Bertone, ambos jefes de la comisión en distintos momentos.

Tanto la fiscalía como la defensa pidieron la traducción de varios documentos del inglés al italiano. Se trata de actas de reuniones de la junta vaticana y una evaluación de las discrepancias en el valor de las propiedades preparada por la consultora Promontory Group, contratada por el IOR para sanear sus cuentas.

La defensa objetó la presentación del informe de Promontory como prueba. El tribunal no falló de inmediato.

Se permitió al IOR presentarse como litigante en el caso civil junto con el juicio penal para tratar de recuperar parte de sus fondos.

El Vaticano anunció la investigación penal de Caloia, Liuzzo y Scaletti después que funcionarios del banco descubrieron irregularidades en las cuentas en 2014.