ONU expresa preocupación por justicia en Guatemala tras cese de CICIG

Nueva York, 12 Feb (Notimex).- Dos expertos de la ONU en derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán, solicitaron al Estado guatemalteco centrar sus esfuerzos en proteger las garantías fundamentales y la independencia del poder judicial en el país centroamericano.

El experto independiente sobre deuda externa y derechos humanos, y el relator especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, destacaron que hay en Guatemala denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales, informó este martes el Servicio de Noticias de la ONU.

“Estamos extremadamente preocupados de que estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. Esto podría afectar su seguridad, integridad, derecho a la privacidad y reputación, y podría tener un impacto en su independencia”, agregaron los expertos el lunes.

En concreto Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán mostraron su preocupación acerca de la decisión del gobierno de Guatemala de dar por finalizado unilateralmente al acuerdo con las Naciones Unidas que sirvió para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Pese a que el 9 de enero pasado, la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión gubernamental de retirarse del acuerdo, las acciones del gobierno del presidente Jimmy Morales para poner fin a la labor de la CICIG continuaron.

El ejecutivo guatemalteco indicó que no acataría la resolución del Alto Tribunal, una acción que, en palabras de ambos expertos “contribuye al debilitamiento del estado de derecho en el país”.

“Abordar estos temas es de suma importancia para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente porque la corrupción y la impunidad a menudo profundizan las desigualdades existentes y afectan especialmente a las personas que viven en la pobreza, pueblos indígenas en su mayoría”, agregaron los expertos.

Ambos especialistas consideran que es “esencial” para el país garantizar la independencia del poder judicial y respetar su autonomía, así como garantizar un sistema imparcial.

Desde el inicio de su andadura el año 2007, la CICIG ha proporcionado asistencia técnica al Ministerio Público y otras instituciones. “El trabajo ya realizado tanto por actores nacionales como por la CICIG no debe ponerse en peligro”, destacaron los expertos.

Específicamente, mostraron su preocupación por la delicada situación en la que se encuentran los jueces y fiscales que cooperaron con la CICIG “y trabajan actualmente en casos de elevado perfil, especialmente en casos de presunta corrupción, crimen organizado y los flujos financieros ilícitos que involucran a las personas con poder”.

Los dos especialistas consideran que es obligatorio proporcionar protección efectiva para estas personas.

Del mismo modo expresaron su inquietud por el personal guatemalteco de la CICIG, los policías destinados a proteger las funciones de la Comisión y las víctimas, testigos o cualquier otra persona vinculada con el organismo internacional en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Ambos expertos resaltaron que deben continuar las investigaciones y las instrucciones de los casos de alto nivel, y exhortaron a las autoridades “a garantizar el buen funcionamiento de las instituciones involucradas para que puedan resolver los casos sin ninguna interferencia, amenaza o intimidación”.

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