Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron la indagatoria de la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, al acusarla de encabezar una red de corrupción sobre la obra pública.
Los fiscales Pollicita y Mahiques enviaron este martes al juez Julián Ercolini un documento en el que denuncian que Fernández de Kirchner participó en maniobras en la patagónica provincia de Santa Cruz para beneficiar al empresario de la construcción Lázaro Báez.
Santa Cruz es el feudo político kirchnerista, ya que el fallecido Néstor Kirchner gobernó la provincia desde 1991 hasta 2003, cuando llegó a Buenos Aires al asumir como presidente y actualmente la gobernadora es su hermana, Alicia Kirchner.
Báez, en tanto, fue amigo personal de Kirchner y se enriqueció al amparo de su gobierno provincial y nacional hasta convertirse en uno de los constructores más beneficiados con contratos de la obra pública.
El empresario fue detenido este año, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de que hay jueces y fiscales que sospechan que actuaba como prestanombres de los Kirchner.
En su solicitud de indagatoria a Fernández de Kirchner, los fiscales Pollicita y Mahiques analizaron 49 obras viales en Santa Cruz que se adjudicaron a Báez y solicitaron que se interrogue a otras 33 personas, entre ellas exfuncionarios y empresarios.
De acuerdo con la denuncia, se investigan los delitos de “defraudación contra la administración pública” y “negociaciones incompatibles con la función pública”.
Las obras detalladas costaron 16 mil millones de pesos (alrededor de mil millones de dólares actuales) y sirvieron para enriquecer de manera irregular a Báez.
“Durante los últimos 12 años existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos a Báez, su planificación tuvo origen días antes a la asunción del ex presidente en 2003”, afirmó el documento signado por los fiscales.
La modalidad escogida, agregó, fue la adjudicación irregular de múltiple y millonaria obra pública vial en Santa Cruz, en donde de 2003 a 2015 Báez, amigo de los Kirchner, fue acreedor de 80 por ciento de las obras que se licitaron.
Por su parte, mientras todas estas acusaciones avanan, Fernández de Kirchner decidió pasar a la ofensiva y acudir a los tribunales como demandante. Así ocurrió ya en dos audiencias que protagonizó la exmandataria en las últimas semanas, a partir de las denuncias que interpuso en contra de la diputada Margarita Stolbizer y el periodista Eduardo Feinmann por difamación.
