Reabren indagatoria a Cristina Fernández

Por un supuesto acuerdo con Irán para proteger a terroristas
Notimex Publicado el
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La justicia argentina ordenó reabrir la indagación por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por un supuesto acuerdo con Irán para proteger a terroristas.

La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal reactivó ayer una causa en la que se acusa a la expresidenta y al excanciller Héctor Timerman de haber pactado el encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado sufrido por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Buenos Aires, donde murieron 85 personas.

Nisman provocó una crisis política el 14 de enero del año pasado, cuando denunció que Fernández de Kirchner había negociado la impunidad de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

El fiscal aseguró, en un documento de casi 300 páginas, que el Memorándum de Entendimiento que firmaron Argentina e Irán a principios de 2013 pretendía ocultar turbias negociaciones de intercambio de granos argentinos por petróleo iraní.

Según el fiscal, para poner en marcha nuevas relaciones comerciales, el gobierno argentino ofreció el cese de las órdenes de captura internacional que pesaban contra exfuncionarios de la República islámica, vinculados con el ataque.

El escándalo mutó en conmoción cuando, cuatro días después de haber presentado su denuncia, Nisman fue encontrado muerto en su departamento.

Con Nisman muerto, la denuncia fue reimpulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, pero el juez que quedó a cargo del caso, Daniel Rafecas, decidió no iniciar ninguna investigación al considerar que no había elementos para sustentar sus acusaciones.

Pollicita insistió y apeló el fallo de Rafecas con el apoyo de otro fiscal, Germán Moldes, quien llevó el caso hasta la Cámara Federal, la cual volvió a rechazar, con dos votos contra uno, la posibilidad de comenzar una causa.

En su fallo, la Cámara fue crítica con la falta de seriedad con la que trabajó Nisman para armar un expediente contra la presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y otros dirigentes sociales, sin contar con las pruebas pertinentes.

La última opción que tenía Moldes era llegar a un tribunal superior, que representa la Cámara de Casación para que de ahí pasara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual se erige como el máximo órgano de justicia.

Sin embargo, Javier de Luca, fiscal de la Cámara de Casación que quedó a cargo de analizar la denuncia, coincidió con las instancias previas y consideró que no se debía iniciar investigación alguna contra la expresidenta porque no había fundamentos.

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