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Martes 07 de Julio 2020
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Trump regula por decreto la responsabilidad jurídica de las redes sociales

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29 de Mayo 2020

El mandatario, que tuvo recientemente un encontronazo con Twitter por poner en duda la veracidad de uno de sus mensajes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva dirigida a empresas de redes sociales que, según explicó, tiene como objetivo “defender la libertad de expresión de uno de los mayores peligros a los que se ha enfrentado nunca Estados Unidos”.

Si su Gobierno puede castigar a Twitter, Facebook, YouTube o Google si intentan moderar los contenidos publicados en sus plataformas, en medio de un creciente debate sobre hasta qué punto debe llegar la libertad de expresión en Internet.

Sin embargo, la orden por sí misma no tiene un impacto inmediato ni de gran calado, y parece más un guiño a su base de votantes en el contexto de su pugna con Twitter, que este martes enlazó por primera vez un tuit de Trump con información verificada que contradecía lo que el presidente había publicado.

“Twitter está tomando decisiones editoriales. En ese momento, Twitter deja de ser una plataforma pública neutral, y se convierte en un editor con un punto de vista. Y creo que podemos decir lo mismo de otros, ya se trate de Google o de Facebook y quizás de otros”, dijo Trump a los periodistas antes de firmar la medida.

El decreto pide al Gobierno estadounidense revisar y posiblemente eliminar las protecciones legales de las que disfrutan las grandes plataformas de Internet bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. Esa sección indica que las grandes compañías de Internet están exentas de casi cualquier consecuencia legal resultante de los contenidos publicados en su plataforma e incluso de sus propias decisiones de eliminar contenidos, porque se supone que son meros intermediarios o canales.

Trump consideró que Twitter y otras plataformas han demostrado tener un “poder sin control para censurar, restringir o editar” los contenidos que publican, por lo que dio 60 días al Departamento de Comercio para que proponga a la independiente Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que se reformen las normas al respecto.

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