WWW.CAPITALMEXICO.COM.MX

Viernes 26 de Febrero 2021
| | |

10 años de cárcel para quien autorice construcciones en zonas de alto riesgo, propone PRI

Construcción Foto: Internet

Construcción Foto: Internet

15 de Enero 2021

También para quien asiente datos falsos en documentos para simular el cumplimiento de obligaciones derivadas de la normatividad federal.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso sancionar con dos y hasta 10 años de prisión, y de 300 a tres mil días de multa, a quien autorice, ordene, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos en reserva ecológica o en zonas no aptas, de acuerdo al análisis de riesgo realizado por la autoridad competente.

Para ello, la legisladora mexiquense presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal
Manifestó que el propósito de su iniciativa es ofrecer mecanismos jurídicos para que la vulnerabilidad humana ante los desastres naturales sea minimizada y en su caso reparada.

Asimismo, plantea castigos para quien, debiendo obtener la autorización de impacto y riesgo ambiental, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos sin contar con la misma.

También para quien asiente datos falsos en documentos para simular el cumplimiento de obligaciones derivadas de la normatividad federal; no realice el análisis de riesgo o incumpla con las medidas técnicas, correctivas, de prevención o de seguridad necesarias para evitar el daño o riesgo que la autoridad administrativa o judicial ordene.

Herrera Anzaldo explicó que hay un vacío en el Código Penal Federal en materia de riesgos, pues no establece la prohibición de construir, edificar, realizar obras o asentarse dentro de un espacio territorial sin haber elaborado un análisis de riesgos o tomado en cuenta la legislación aplicable y sin contar con la autorización correspondiente.

Por ello, agregó, se plantea fortalecer la legislación para incluir responsabilidades y sanciones a quien autorice o desarrolle proyectos en zonas de riesgo, y propiciar la homologación normativa y la correcta vinculación con los programas y órdenes de gobierno bajo el principio pro persona, para impulsar un desarrollo social y económico equilibrado.

La priista dijo que se busca materializar el delito de construcción, edificación, realización de obras y los asentamientos humanos en zonas de riesgo para proteger los bienes y derechos establecidos en la Constitución, así como dar fuerza normativa a la protección civil y brindar al Estado un elemento de control racional y homólogo a favor del desarrollo territorial y protección de las personas.

Más notas sobre