La Masacre del Jueves de Corpus Christi, también conocida como El Halconazo, fue un evento que ocurrió el 10 de junio de 1971, cuando una manifestación estudiantil en apoyo de los estudiantes de la ciudad de Monterrey fue reprimida por un grupo paramilitar.

El saldo oficial fue de 120 estudiantes muertos personas de entre 14 y 22 años. Debido a la masacre, a los pocos días renunciaron tanto el jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, como el Jefe de la Policía Rogelio Flores.

Al inicio de su mandato el presidente Luis Echeverría había asegurado que habría una reforma de democratización al interior del país. Debido a ello, permitió el regreso de líderes del movimiento estudiantil del 68 y liberó a presos políticos. Inmediatamente las protestas contra el gobierno se reanudaron, encontrando un motivo en un conflicto dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 1970 una nueva ley orgánica propuso un gobierno paritario, para febrero de 1971 Hector Ulises Leal se convirtió en rector bajo la misma.

Para contrarrestar la elección, el gobierno estatal redujo el presupuesto de la institución, solicitando al Consejo Universitario que aprobara una ley que anulara la autonomía universitaria. Inmediatamente estalló una huelga estudiantil que contó con el apoyo de las dos casas de estudio más importantes del país, la UNAM y el IPN. Ambas universidades convocaron a una marcha de solidaridad en la Ciudad de México el 10 de junio.

La marcha partió del Casco de Santo Tomás, desde donde avanzaría por la avenida México-Tacuba con dirección al Palacio Nacional. Sin embargo, un bloque o de policías y granaderos intervino la Avenida de los Maestros, cercando el paso de los estudiantes. En las avenidas San Cosme y Melchor Ocampo llegaron tanques y camiones que transportaban contingente policiaco.

El ataque

Por otra parte, llegó un grupo paramilitar conocido como los Halcones vestidos con ropas de civil en camiones de color gris. En cuanto descendieron, los Halcones se dirigieron a los manifestantes con consignas a favor de movimientos de izquierda, lo cual creó confusión. La mayoría iban armados con palos de kendo, bats y varas bambú, con las cuales comenzaron a golpear los estudiantes. Al estar acorralados, los jóvenes comenzaron a defenderse. En un segundo ataque, los Halcones comenzaron a disparar a los estudiantes con armas de grueso calibre. Por su parte, la policía no intervino y permitió que sucediera la masacre del Halconazo.

El tiroteo duró varios minutos, en los cuales los alumnos se dispersaron, ocultándose en la Escuela Normal Superior, casas particulares o huyendo de las inmediaciones. Durante el Halconazo, los paramilitares recibieron suministro de armas a través de autos particulares, patrullas policiacas e incluso ambulancias. Los heridos fueron llevados al Hospital Rubén Leñero, donde fueron rematados.

Los estudiantes en 1971 demandaban especialmente la democratización de la enseñanza, el control del presupuesto universitario por los alumnos y profesores y que éste representara un 12% del PIB, así como libertad política donde obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales gozaran de libertades democráticas reales y controlaran el régimen social; Educación de calidad para todos, en especial para campesinos y obreros, y mayor importancia y respeto a la diversidad cultural mexicana; estricta apertura democrática, apoyo a la vida política sindical de los obreros y fin de la represión por parte del gobierno.

 

El expresidente Echeverría llegó a ser investigado por el delito de genocidio, acusación que fue desestimada. En julio de 2005, se cerró la investigación del “Halconazo”, exculpando a Luis Echeverría y a quien fuera secretario de gobernación Mario Moya Palencia.

Después de un año, se le encontró culpable del “Halconazo” a Echeverría y se declaró su formal prisión, luego sería exonerado por falta de pruebas.

En 1972 y 1975 varios integrantes del grupo paramilitar fueron detenidos por otros delitos y confesaron que ese 10 de junio de 1971, habían participado en la matanza y las órdenes provenían de los más altos mandos del Departamento del Distrito Federal.