En México se enfrenta un serio problema de salud mental lo que ha llevado a que en promedio se registren 52 suicidios mensuales, siete de ellos infantiles, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Por este motivo, la diputada Erika Sánchez Martínez, indico que las autoridades sanitarias, educativas y laborales están lejos cumplir con el mandato Constitucional de velar por el principio del interés superior de la niñez.
Ante ello, la legisladora propuso reformar y homologar diversas disposiciones en tres ordenamientos jurídicos; Ley de Educación, Ley General de Salud y Ley General de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes; sin alterar el principio de que es una responsabilidad compartida por padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general.
Dijo que los suicidios son prevenibles bajo ciertas circunstancias, por eso, señaló que con su iniciativa de reforma se busca obligar a que personal médico de la Secretaría de Salud capacite mensualmente a maestros de educación básica y media superior del país, en temas de salud mental y establecer evaluaciones y diagnósticos clínicos de las niñas, niños y jóvenes, a efecto de identificar a tiempo, cualquier perturbación emocional, trastorno o enfermedad mental, y de ser así, que éstos sean canalizados y atendidos gratuitamente por las entidades de salud correspondiente.
La iniciativa de ley prevé aprovechar, como herramienta complementaria, el uso de la tecnología y el internet, las plataformas de comunicación, las redes sociales, chats privados, video llamadas, correos electrónicos y un teléfono 01800 sin costo en el país, expresó la legisladora.
Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio representa la tercera causa de muerte de los jóvenes entre 15 y 19 años y el 79 por ciento de los casos se producen en los países de ingresos bajos y medianos, mientras que la OCDE, ha señalado que México ocupa el primer lugar mundial en bullying en educación básica, lo que afecta a 18 millones 781 mil menores de primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas.
Los datos, insistió, obligan a una mayor coordinación de autoridades sanitarias, educativas y laborales, a fin de prestar atención profesional y oportuna a todas las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
