A la CNDH le preocupa el espionaje a periodistas y defensores de DDHH

Luego que se hicieran públicos los resultados de la indagación titulada “Pegasus Project”, en la que se denuncia supuesto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por ello.

“Y condena toda conducta que afecte la privacidad de las personas, pues involucra un menoscabo a su intimidad y sus derechos humanos; circunstancias que a su vez representan una amenaza al pleno ejercicio de la libertad de expresión y defensa de derechos humanos”.

En la investigación, coordinada por la organización francesa “Forbidden Stories”, en conjunto con “Amnistía Internacional” y más de 80 periodistas del mundo de 17 medios y organizaciones, se señaló que desde agencias del Estado mexicano, como el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), existió un patrón generalizado de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, entre otros; hechos que son materia de una investigación en trámite desde hace cuatro años a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Dicho panorama resulta de grave trascendencia México al ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina, y en el que la labor de defensa de los derechos humanos enfrenta agresiones cada vez más graves, por medios directos, como el secuestro, la desaparición y el homicidio; eventos que se presentan con mayor intensidad”.

La CNDH, señaló que, si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, en la Constitución se establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, constituiría una violación a derechos humanos, así como un delito que debe ser investigado y sancionado.

“Es así que, esta CNDH concordante con lo señalado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reitera que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional y selectivo, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación, y contar con control judicial previo”.

Con base en los principios internacionales de derechos humanos, se recuerda que es deber de las autoridades de los tres órdenes de gobierno garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información pública respecto de los programas estatales, incluidos los de vigilancia, su alcance y marco regulatorio, así como de los protocolos y procedimientos de autorización, selección de objetivos y manejo de datos.

“La CNDH llama a la FGR a realizar y mantener una investigación exhaustiva, objetiva, diligente e imparcial que observe a todas las víctimas de los supuestos actos de vigilancia, a los responsables de los agravios, así como la posible vinculación de entidades públicas en estos hechos, de manera que las víctimas y la sociedad puedan conocer la verdad respecto de dicho fenómeno”.

Finalmente el Organismo Autónomo, señaló que resulta trascendente resaltar que el ejercicio de la libertad de pensamiento, expresión, prensa y defensa de derechos humanos, en condiciones de igualdad, seguridad, respeto y garantías, debe ser un tema prioritario en la agenda pública de las autoridades mexicanas, pues solo así se asegurará la plena vigencia y fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho y, en consecuencia, el irrestricto respeto a los derechos.