A través de programas sociales Gobierno Federal promueve consulta ciudadana, denuncia PRI

Yunes Landa hizo un llamado al Gobierno Federal para que suspenda la difusión y distribución de estos panfletos entre los beneficiarios de los programas sociales, y que sea el INE quien organice, difunda y sancione este ejercicio de democracia participativa.
Yvonne Reyes Publicado el
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A través de la Secretaría del Bienestar, el Gobierno Federal promueve la consulta ciudadana para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas por funcionarios del pasado, a través de panfletos que distribuye entre los beneficiarios de los programas sociales, denunció Héctor Yunes Landa, vocero de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados.

Acusó que de esta forma, el gobierno pretende manipular la opinión de los ciudadanos al incluir en estos panfletos la figura de ex presidentes de México, cuando en realidad la consulta del 1 de agosto, abre la posibilidad de investigar también a muchos funcionarios morenistas, entre ellos, quienes construyeron y provocaron la tragedia de la Línea 12 del Metro.

“Ellos son actores políticos del pasado cuyas decisiones provocaron la muerte de muchas personas”, manifestó el diputado federal priista.

Yunes Landa manifestó que de esta forma las autoridades federales buscan manipular a la ciudadanía sobre el enjuiciamiento a los ex presidentes de la República.

“La promoción que hace el gobierno de la consulta es ilegal. De acuerdo al artículo 35 de la Constitución, el INE tendrá a su cargo, exclusivamente, la difusión de la Consulta popular”. En otras palabras, señaló, ninguna autoridad federal, local y municipal podrá promocionar el mecanismo de democracia directa, por lo que el INE debe sancionar a quienes infrinjan este principio y garantizar que se suspenda la difusión de toda propaganda gubernamental.

El legislador veracruzano recordó que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se pronunció en el sentido de que la consulta popular del próximo 1 de agosto no obliga a la Fiscalía General de la República ni al Poder Judicial a actuar contra nadie, por tanto, el gobierno gastará cientos de millones de pesos sólo para preguntar a los mexicanos si están de acuerdo en que se aplique la ley, lo que no merece consulta alguna, insistió.

Manifestó que la consulta no tiene nada que ver con procedimientos ministeriales ni judiciales, porque los procedimientos de procuración de justicia no se consultan y que se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública.

La pregunta que será materia de la consulta popular del próximo 1 de agosto es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Por ello, a nombre del grupo parlamentario del PRI, Yunes Landa hizo un llamado al Gobierno Federal para que suspenda la difusión y distribución de estos panfletos entre los beneficiarios de los programas sociales, y que sea el INE quien organice, difunda y sancione este ejercicio de democracia participativa.

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