Domingo 25 de Agosto 2019
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Achacan al MP males del sistema de justicia

Guillermo Zepeda dijo que con pocas detenciones hay colapso. Foto: Tomada de la versión impresa

Guillermo Zepeda dijo que con pocas detenciones hay colapso. Foto: Tomada de la versión impresa

14 de Julio 2017

Los mexicanos sólo denuncian uno de cada 10 delitos

Los mexicanos sólo denuncian uno de cada 10 delitos; es decir, 90 por ciento de ellos permanecen impunes. Aun así son suficientes para colapsar al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatoria (NSJPA), advierte el especialista en derecho, Guillermo Zepeda Lecuona.

El director de la asociación civil Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho, señala que el NSJPA debe ser sometido a una reingeniería que permita retomar las mejores prácticas de ocho entidades, donde ha resultado un éxito, y erradicar los males que todavía persisten.

En este sentido, acusó que los agentes del Ministerio Público se han convertido en auténticos lastres para un efectivo acceso a la justicia, pues se oponen a perder privilegios y canonjías obtenidas en un medio ambiente corrupto y perverso que sólo ponía la justicia al servicio de los poderosos y ricos, mientras que los más pobres son marginados de la atención porque no tienen dinero para comprar sus “servicios”.

Zepeda Lecuona advierte que con el NSJPA los grandes perdedores son precisamente estos funcionarios corruptos que han visto disminuida su discrecionalidad para decidir cuáles casos se quedan a su cargo para investigar y cuáles no.

“Donde he visto problemas en el Nuevo Sistema de Justicia es donde el área de justicia temprana está tomada por asalto por agentes del Ministerio Público que provocan impunidad generalizada porque deciden discrecionalmente cuáles casos investigan –aunque sean accidentes de tránsito– y cuáles no, manifestó el investigador.

Otro aspecto a considerar es la impunidad que permea la aplicación de justicia. Pues mientras el uno por ciento de las personas con altos ingresos no deben preocuparse por los “costos” que implica iniciar un proceso judicial, para la población más pobre es preferible dejar perder sus derechos a sacrificar tiempo y dinero en un esfuerzo que podría no redituarles nada.

Ni siquiera sus derechos humanos estarían a salvo, pues de acuerdo con un estudio de la investigadora Elisa Franco, en 2014 se resolvieron 319 mil amparos, de ellos 77 por ciento se rechazaron por fallas en su elaboración, son 26 causas las que pueden impedir que un juicio de amparo prospere, y no tener un abogado diestro en la argumentación representa un mayor riesgo de perderlo.

Del resto que sí es aceptado, en 90 por ciento de los casos no se abordó el fondo del asunto; es decir, se concedió una suspensión provisional o definitiva, pero no se pronunció el juez sobre la violación a los derechos humanos de las víctimas.

Se trata de una relación desventajosa que acentúa las diferencias entre pobres y ricos, empujando a los primeros a sumarse a las filas de la informalidad y, en el peor de los casos, a la delincuencia abierta, manifestó Guillermo Zepeda.

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