Advierten regreso de violencia a Tijuana

Tijuana comenzó a vivir las desapariciones forzadas desde 1994, antes de la guerra contra el narcotráfico; sin embargo, no eran reconocidas como tales y se les llamaba “levantones”, y las miles de víctimas, no sólo de la ciudad sino de todo el país se han convertido en uno de los principales opositores políticos, detallaron activistas.

Durante la presentación del libro Drama social y política del duelo, desapariciones de la guerra contra las drogas en Tijuana, Carolina Robledo, autora del texto, exigió a las autoridades legislar en materia de desaparición forzada así como la competencia del Comité de la ONU, pues apuntó que la ciudad fronteriza lejos está de una situación de seguridad favorable.

“Este año por mucho es el más violento de toda la historia de esta ciudad”, lamentó la escritora y comunicóloga y agregó que el patrón que pudo advertir años atrás empieza a hacerse más evidente este año. “Con los homicidios aumentan las desapariciones y con ellas el hallazgo de fosas clandestinas”, detalló.

De acuerdo con el Inegi, de 2007 a 2016 la ciudad fronteriza registró seis mil 606 homicidios dolosos; 2009 y 2010 fueron los años más violentos al superar las mil muertes. En 2016 repuntaron los casos con 833, en comparación con 2015 que registró 646 defunciones por homicidio doloso.

Robledo apuntó que se está ante un panorama de repetición, pues como en 2007 y 2009, actualmente en Tijuana la desaparición “se ejerce como un mecanismo de ocultamiento de los crímenes, para limpiar la imagen de una ciudad modelo y como un dispositivo de terror en el campo de disputa de la soberanía”, por lo que buscar o exigir acceso a la justicia se convierte en un acto cada vez más arriesgado.

Esta situación se acrecienta con las redes de macrocriminalidad, señaladas por Luis Daniel Vázquez Valencia, quien refirió que hay elementos que permiten visualizar un panorama donde se encuentran relacionados los gobiernos municipal y estatal con el crimen organizado.

“Hay indicios de que la fiscalía, la policía ministerial estaba completamente infiltrada, o sea que, era un ejército completo de sicarios pagados por Hank Rhon trabajando en la fiscalía y esto permitió que sucedieran las desapariciones en los años 90”, declaró.

Vázquez Valencia, integrante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), apuntó que los altos niveles de impunidad que se viven en México hacen casi imposible el acceso a la verdad y la justicia.

En ese tenor la escritora ha aventurado que si la ley de desaparición forzada no se articula de manera correcta no será suficiente pues solamente se creará una burocracia para administrar las consecuencias de la guerra, que no dará justicia ni ofrecerá solución.

Otro factor señalado por los activistas es la revictimización y falta de sensibilidad y conocimiento de la figura de desaparición forzada, por ello urgieron sobre la necesidad de profesionalización de los funcionarios públicos así como de una ley integral en materia de desaparición forzada.